El ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, declaró en una entrevista a Cadena 3 que “la pobreza aumenta la delincuencia”. El funcionario, en su afán de desligarse de responsabilidades, terminó haciendo “un gol en contra” al gobierno de Juan Schiaretti, porque nadie puede desconocer la responsabilidad que le cabe al Ejecutivo provincial en el incremento de la desocupación y la pérdida de poder adquisitivo del pueblo trabajador. A modo de ejemplo, un docente que recién inicia cobra $ 39.700, por debajo de la línea de pobreza.

Se sabe que la cartera que dirige Mosquera es una de las partes más cuestionadas de la gestión provincial tras los sucesivos casos de gatillo fácil y el involucramiento de las fuerzas de seguridad en otro tipo de delitos. Por eso, en la entrevista, el ministro recurrió a un trillado discurso para zafar, soslayando que el organizador del delito es el propio aparato represivo.

En este verano, una banda de “poliladrones” realizó múltiples robos. Según las víctimas, contaban con ropa de policías. Estos robos, junto a otros asaltos, llevaron a la prensa a caracterizar un “recrudecimiento delictivo”. El ministro Mosquera salió a dar una explicación sobre el punto y planteó que “la inseguridad es indirectamente proporcional al desarrollo y al progreso de sus ciudadanos”.

Y puntualizó: “con un contexto con 50% de pobreza y 10% de indigencia, los índices de seguridad son poco alentadores. Pero Córdoba no se ha quedado inerte e interviene de todas maneras con inversiones de equipamiento, móviles policiales y desarrollo tecnológico”. Por otro lado, dijo: “son medidas reactivas ante una inseguridad vinculada a los robos y los hurtos”.

Pero el principal factor de la inseguridad es la descomposición de todo un régimen estatal, que tiene a la policía entrelazada con el crimen organizado del narcotráfico, robo de armas, el contrabando, la trata, los desarmaderos de autos, que a la vez actúan impulsando delitos menores.

Vale tener en cuenta que la oposición patronal de la UCR y compañía, cuando habla de inseguridad, busca un ángulo de diferenciación con el PJ que gobierna, pero en esencia caen en la misma explicación de las causas de la inseguridad: la pobreza.

En relación a los crímenes perpetrados por la policía, en la citada entrevista Mosquera dijo: “no ignoro ni disimulo que hay casos perpetrados por la Policía y trabajamos para erradicar de la Policía infiltrados en la fuerza, avocados a la deshonra de su formación, sujetos indeseables que han generado tragedias”. Es decir, los presenta como casos aislados, desestimando que se trata de una podredumbre institucional.

También señaló que “el Gobernador dispuso de las medidas más profundas, como la modificación completa de la currícula de la formación policial, que pasó a ser de tres años. Son 15 los oficiales sometidos a proceso, lamentablemente el asesinato de Blas Correas como el de Joaquín Paredes son hechos irreparables que conmueven a la sociedad y a la institución”.

Hay que tener en cuenta que la vinculación de policías en delitos y asesinatos siguió su curso, aun cuando se aprobaron nuevos protocolos y cambios de cúpulas.

La política que sigue el gobierno cordobés, en manos de Juan Schiaretti, es la de garantizar los negociados capitalistas. El aparato represivo está al servicio de esta política, reprimiendo y disciplinando a los explotados. Es un aparato que debe ser desmantelado.

Mientras tanto, la educación, la salud, el trabajo, el salario y la vida de los jóvenes siguen retrocediendo. La garantía de esos derechos requiere de la derrota del régimen de explotación de los que han gobernado las últimas décadas y de la elaboración de un plan económico y político que defienda los intereses de las y los trabajadores de la provincia.