La represión a las 1.400 familias asentadas en el predio de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, fue el telón de fondo de un debate nacional respecto de la propiedad privada y el uso social de la tierra. En este marco, el presidente comunal de la localidad cordobesa de Villa Cerro Azul, Andrés Data, y su compañera y secretaria Rocío Pérez, realizaron sucesivas publicaciones en sus redes sociales haciendo apología del terrorismo de Estado y el genocidio con imágenes de Jorge Rafael Videla y de Adolf Hitler.

Las publicaciones realizadas por los mencionados funcionarios, y las contestaciones con agresiones y textos provocadores ante el repudio popular, no son casuales. Implican un claro mensaje de amedrentamiento contra las y los vecinos del lugar, que hace tiempo reclaman la validez de la ley que proclama el ejido como Reserva Hídrica. Es una lucha por el uso social de la tierra, para habitarla en armonía con el ambiente respetando el monte nativo, en pos del derecho a la vivienda y a la tierra para vivir dignamente y enfrentando los negociados inmobiliarios y extractivistas, cuya instalación cuenta con la venia del presidente Comunal Data.

Este tipo de declaraciones ocurren en un contexto provincial y nacional en el que existe una orientación represiva del Estado frente a las ocupaciones de tierras y al reclamo de poder de decisión  y de veto de las asambleas populares, ambientales y de pueblos originarios sobre el uso del suelos. Se trata de una orientación que comparten gobierno y oposición. Hace unos días, la Legislatura provincial se rasgaba las vestiduras para sancionar el sincericidio de la diputada radical Patricia Rueda De Ferrari, quien desde su cuenta de twitter pedía la vuelta de los “Falcon verdes” para impartir justicia contra las ocupaciones. No pasó ni un mes y el mismo reclamo represivo proviene de un jefe comunal del oficialismo de Hacemos por Córdoba.

La sesión en la que se sancionó a De Ferrari fue un escándalo y una maniobra con la cual el PJ buscó presentarse como defensor de los derechos humanos, mientras el gobierno provincial de Juan Schiaretti reprime a las luchas obreras y populares, es responsable por los casos de gatillo fácil de la policía provincial y de los brutales desalojos a las familias sin tierra en las tomas de Ferreyra y ampliación Cabildo.

El conjunto de la sociedad debe condenar enérgicamente la apología a la dictadura realizada por el presidente comunal, ya que no se trata sólo de un funcionario trasnochado. Hay que sumar los hechos represivos e intimidatorios sobre los vecinos de Agua de Oro que se movilizaron en defensa del Bosque nativo, denunciando los incendios intencionales; así como el ataque sin fundamentos de la Sociedad Rural de Jesús María acusando de querer usurpar campos a brigadistas que combaten los incendios, que estuvieron en la primera línea luchando contra el fuego.

Llamamos a rechazar y repudiar cualquier reivindicación de la dictadura, del terrorismo de Estado y la represión. El PJ, la UCR y el PRO deben ser sancionados por el pueblo trabajador por la represión, por la desocupación creciente, la pobreza, la crisis sanitaria en la que nos hunden, por defender los intereses del capital y el FMI. Abajo este régimen de hambre y saqueo.

https://prensaobrera.com/politicas/vuelve-la-mision-del-fmi-en-vistas-a-sellar-el-pacto-de-ajuste/