El Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, pediría la elevación a juicio de la causa contra seis luchadores cordobeses que participaron de una marcha contra el hambre y la miseria convocada por la Unidad Piquetera, el pasado 5 de abril. La causa “Berardo y otros” es una aberración jurídica y sus premisas refutaremos en esta nota.

Así las cosas, lxs compañerxs Soledad Díaz y Emanuel Berardo, dirigentes del Partido Obrero; Agustín Nazar del MST; Roxana Carezano del MTR-Cuba; y Marisa Cariddi, de Libres del Sur; Federico Giliani, dirigente de ATE, son criminalizadxs por cuenta y orden de una Justicia ligada al poder. Por eso, el Fiscal de Aragón, imputó a los mencionadxs referentes por: resistencia o desobediencia a un funcionario público (art. 239 del CP), y por obstrucción de los servicios públicos (art. 194 del CP).

La posible elevación a juicio no llama la atención. En ese sentido, en una clara posición de criminalización de la protesta, el Juez de Control, Juan Manuel Fernández López, dijo que las “cabezas deben cortarse”, en relación a referentes de la protesta social, mientras tramitaba un habeas corpus, contra las movilizaciones. El plan para cercenar derechos es claro y viene de parte del Estado provincial.

En este marco, la defensa ha sido clara en su contestación de la elevación a juicio. La causa es un hecho de persecución política contra el movimiento piquetero y obrero. Es un juicio ilegal en el marco de la Constitución Nacional (CN) y los TTHH y los fallos y resoluciones de los organismos internaciones de DDHH y de la Corte Interamericana de DDHH. El derecho a la protesta, la libertad de expresión, asociación, se concretan en este tipo de movilizaciones. La propiedad privada y la libertad de comercio no son los únicos derechos consagrados por la CN y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La mencionada protesta realizada en abril fue pacífica. No hubo incidentes de violencia por parte de los imputados. La supuesta resistencia o desobediencia a la autoridad de la que acusa el fiscal requiere una orden directa de un funcionario y una resistencia o desobediencia activa por parte del autor, algo que no sucedió.

Por otra parte, el servicio de transporte fue garantizado, ya que en gran parte de la movilización solo se cortó media calzada, y, en otro momento, las autoridades lograron garantizar vías alternativas de circulación. Sorprende la escasa técnica y doctrina penal del fiscal. Ya no se persiguen hechos delictivos, sino “delincuentes”, y los delincuentes son los dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales. Otro recuerdo oscuro, de las épocas de la instrucción penal inquisitiva, que nos trae la fiscalía.

La Justicia procedió de manera inmediata al secuestro de los celulares de los imputados. Esta medida, se acostumbra cuando existe una asociación delictiva o las comunicaciones de los implicados son fundamentales para probar la participación en un delito. Sorprendente: secuestrar los celulares para probar una convocatoria pública y nacional.

Además, la fiscalía elaboró una serie de informes acerca de la actividad política de los imputados. Han investigado a las propias organizaciones políticas, sus comunicaciones privadas. La Justicia de Córdoba, investiga al Partido Obrero, a la Unidad Piquetera y a la Asociación de Trabajadores del Estado por participar de una movilización. Un escándalo. No solo se viola la libertad de expresión, sino también la libertad de asociación, de los sindicatos y los partidos políticos. Y no de cualquier partido o sindicato, sino particularmente a quienes luchan contra el ajuste.

El fiscal insiste en que no juzga la legitimidad del reclamo. Es que, para el fiscal, el único objetivo fue “cortar la calle’’ ¡Mentira! El objetivo de la movilización es enfrentar el hambre y la miseria, el trabajo genuino, alimentos en los comedores populares, un plan de acción votado en una asamblea el 3 de marzo. Pero no se probó la asistencia de los imputados a dicha asamblea. Entonces: Cómo pueden ser ellxs los poseedores de un dominio funcional sobre los cortes de calles, sobre un supuesto plan para “delinquir”, un plan que buscaba defender derechos básicos de la población argentina.

Sin embargo, el plan de reprimir al pueblo es del gobierno provincial y su Justicia. Ya impulsaron proyectos de ley para ‘’regular’’ la protesta que no avanzaron.

La Justicia no actúa de forma independiente, lo hace por orden y cuenta del gobierno. Se enmarca en una política general, de perseguir a quienes luchan por derechos y libertades elementales, en ese sentido podemos mencionar las siguientes causas contra trabajadores: trabajadores de Minetti, Arakaki y Ruiz, lxs compañeros de Mendoza, Jujuy, Chubut, del movimiento ambiental, entre otras, son causas políticas. El ajuste traerá más lucha y más represión en la próxima etapa.

La persecución política al movimiento obrero, a la izquierda, es un viejo recurso de los partidos del régimen. Es necesario rodear de solidaridad la lucha por la absolución de lxs compañeros. En ese sentido, sindicatos combativos como la Uepec Capital y Químicos de Rio Tercero se pronunciaron en apoyo a lxs seis compañeros judicializados. También la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba rechazo la causa y denunció que: “Nos recuerda las épocas más oscuras de la historia argentina”.

El jueves pasado se desarrolló una multitudinaria marcha contra la criminalización de la protesta en Córdoba. Es esencial defender el frente único de organismos de DDHH, sindicatos y agrupaciones sindicales antiburocráticas, organizaciones del campo popular, piqueteras y políticas de izquierda, en esta lucha. Hay que tirar abajo el juicio de luchadores. Convocamos a unir fuerzas en función de esa perspectiva. Luchar no es delito.

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