El próximo 24 de marzo, en Córdoba, se desarrollará una movilización y acto independiente, en la perspectiva del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que acordó movilizarse en el 47 aniversario del golpe cívico militar, con las siguientes consignas: “¡30.000 presentes! No al ajuste y la represión de los gobiernos del FMI. Basta de Criminalizar las luchas”.

Este año, volverá a estar presente la denuncia de los intereses económicos y políticos que impulsaron el golpe del 76. La dictadura implementó un régimen que endeudó el país con el FMI, y quienes gobernaron en democracia continuaron pagando una deuda usuraria, lo que da cuenta de una política de Estado que sostuvieron todos los políticos capitalistas. Por eso, en el Congreso, parlamentarios de todos los bloques patronales votaron el pacto con el Fondo Monetario Internacional.

Además, entre las características que tendrá la jornada de lucha, un punto clave será la denuncia a la orientación de criminalización de la protesta social. En efecto, mientras la ministra de Desarrollo Social de la Nación Tolosa Paz trata a la Unidad Piquetera de “extorsionadores”, y realiza declaraciones gorilas, el diputado José Luis Espert pide “cárcel o bala” para el dirigente nacional del Polo Obrero Eduardo Belliboni. Tenemos por lo tanto posiciones fascistizantes que buscan abrirse paso en función de continuar descargando el ajuste sobre lxs trabajadorxs.

En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti persigue al movimiento piquetero. Pretende encarcelar luchadores con su Justicia adicta y la policía. Esa posición reaccionaria es la que está presente cuando el juez provincial Juan Manuel Fernández López habla de “cortar la cabeza” de los referentes de las organizaciones piqueteras. Para el mencionado magistrado peticionar a las autoridades no es un derecho sino un delito, según se infiere de declaraciones publicadas en La Voz del Interior, que nunca fueron desmentidas. Grave.

En la provincia hay una carrera electoral derechista en la que Schiaretti pretende llevar la delantera. Cabe tener en cuenta que el año pasado en la Legislatura ingresaron proyectos dictatoriales para criminalizar la protesta social, por parte de legisladores de la UCR y el PJ provincial. Las iniciativas antiprotesta fueron cajoneadas por el fenomenal plan de lucha por parte de la Unidad Piquetera.

El gobierno provincial apunta contra las movilizaciones de la Unidad Piquetera y contra el Polo Obrero en particular, porque representan un desafío al ajuste en curso. Schiaretti toma una posición reaccionaria porque tampoco tiene una salida al problema de la falta de trabajo, precarización laboral y salarios de miseria.

Hay que tener en cuenta que los operativos represivos diseñados por la policía y la Justicia no pudieron impedir las movilizaciones convocadas de conjunto por el gremio de lxs trabajadorxs químicos, junto al Polo Obrero, la CSC, ATE-CTA, por la reincorporación de 24 despedidos en la empresa extranjera Atanor. También se desarrolló un imponente paro y movilización docente. Se trata de importantes acciones que constituyen un abierto desafío al ajuste y a la política represiva que pretende imponerlo a como dé lugar.

Así las cosas, la salida represiva encuentra el límite de una situación muy convulsiva en los sindicatos y en las barriadas, condicionada por la inflación superior al 100% interanual. Aunque pretendan aislar a la lucha piquetera, la misma se entrelaza con las luchas por el salario y contra los despidos.

La impostura de un gobierno represor

Los funcionarios del gobierno de Juan Schiaretti suelen ser parte de la movilización convocada por el kirchnerismo y la burocracia sindical. Este año ¿volverán a tener la impostura de marchar? Esto cuando la gestión del PJ provincial debe rendir cuentas por sucesivos casos de gatillo fácil, que expresan un modus operandi, para asesinar y quedar impunes por parte de la policía de la provincia. Sin duda, una descomposición de las fuerzas de (in)seguridad responsable de violaciones de los DD.HH., en particular contra la juventud de las barriadas populares.

Los casos de gatillo fácil de Blas Correa, Joaquín Paredes, Rodrigo Sánchez, expresan toda una cadena de responsabilidades políticas y hasta judiciales, que dan cuenta de la necesidad de desmantelar todo el aparato represivo, que es la continuación del que actuó durante el genocidio ocurrido a partir del 24 de marzo del 76.

El mejor homenaje es continuar la lucha

En este cuadro, vamos a construir una gran jornada de lucha, levantando las banderas de lxs 30 mil compañerxs detenidxs desaparecidxs. Vamos a continuar la lucha otra vez, el enemigo está claro: fuera los políticos capitalistas, abajo el pacto con el FMI.

Llamamos al conjunto de las organizaciones independientes a unir fuerzas para construir entre todas una jornada del 24 de Marzo que refuerce todos los reclamos populares, y levantar una tribuna contra los crímenes de hoy y de ayer ¡30.000 detenidxs, desaparecidxs presentes!