El pasado jueves por la madrugada se generó un reclamo en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA-EP9), sito en calle Los Cocos S/N – Bº Cáceres. Presos de un pabellón comenzaron una protesta, rompiendo y quemando colchones a causa de la condiciones de hacinamiento y el calor sofocante, que se sumó a irregularidades en el servicio de agua potable.

A causa de ello se realizó un operativo de la policía de Córdoba, incluida la guardia de infantería. En ese marco, 15 personas fueron trasladadas a la cárcel de Bower. Pero la información oficial omite la represión del servicio penitenciario de Martín Llaryora.

Nos hemos puesto en contacto con familiares de los internos, quienes nos informan que: “habría varios heridos ingresando al Hospital Misericordia” y ya se plantea incluso la posibilidad de presentar un hábeas corpus colectivo a causa del hacinamiento y la falta de agua. En los medios ya trascendió que el interventor del SPC, Gustavo Vidal Lascano, adquirió 15 ventiladores industriales para enfrentar la ola de calor, lo que no resuelve el conjunto de problemas estructurales.

La crisis económica y política, y la política del gobierno, ha significado un aumento de los aprehendidos y presos en los últimos meses. Se ven muchos casos de ‘‘hurto famélico’’ que terminan en el EP9.

Los salarios de miseria y la desocupación de la juventud crean un cuadro propicio para que las usinas generadoras del delito organizado, del narco, desarmaderos de autos, tenga donde reclutar mano de obra.

Quienes gobiernan no tienen una salida para terminar con una cadena delictiva, que cuenta con elementos del Estado implicados en garantizar la continuidad de “los negocios”, y de las zonas liberadas. Los políticos capitalistas solamente relatan cómo los niños, niñas y adolescentes han aumentado su participación en delitos contra la propiedad en los últimos años, y de esa manera los responsables de la inseguridad piden bajar la edad de imputabilidad.

El gobierno, la Policía y la Justicia son responsables de esta situación. Estos organismos están completamente descompuestos de la mano de la política del peronismo provincial. Con leyes reaccionarias buscan tapar una olla a presión que siempre está a punto de explotar. ¿No entienden que prevenir es mejor que curar? La nueva ley reaccionaria de seguridad no altera una critica situación.

Además, el Servicio Penitenciario ha sido intervenido hace algunos meses. “Varios exjefes, incluso el extitular Juan Bouvier, están presos por presunta asociación ilícita” (La Voz del Interior), en causas en las que se incluye el tráfico de drogas y corrupción en el interior de los establecimientos.

Prensa Obrera denunció en diversas ocasiones las muertes y violaciones a los derechos humanos, dentro y fuera del Servicio Penitenciario en manos de las fuerzas represivas y el gobierno provincial. Un caso testigo es lo sucedido con Ezequiel Castro, joven víctima del sistema penitenciario.

Basta de hacinamiento y violaciones de los derechos humanos en el EP9. El gobierno y la justicia son responsables. Hay que terminar el modelo de represión y económico que impulsan Llaryora y Milei, un modelo capitalista en franca descomposición que agrava las penosas condiciones de vida de la población argentina, incluidos los internos del EP9.

https://prensaobrera.com/politicas/la-amenaza-de-milei-contra-belliboni-tiene-una-gravedad-inusitada

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/marcha-por-la-reapertura-de-comedores-populares-en-cordoba