Recientemente se conoció un nuevo hecho delictivo en manos del sistema penitenciario provincial cordobés. Ezequiel Castro, un joven de 21 años, murió el martes 14 de junio por la noche en el Hospital Misericordia, al frente de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA).

El miércoles 8 a Ezequiel lo detuvieron por una supuesta tentativa de robo a unas cuadras de su domicilio, en barrio Cerro Norte. Ese día fue alojado en la UCA. Según la Justicia, el viernes 10 de junio ya estaba firmada la libertad de Ezequiel, pero esto nunca se efectivizó y los motivos de ello aún no están claros.

Ahora lo que queda es la posible investigación por vejaciones, privación ilegítima de la libertad, homicidio u otro tipo de delitos por parte de la policía y el personal del Servicio Penitenciario. Ezequiel Castro ingresó al hospital deshidratado, con un problema renal y diversas lesiones en su cuerpo producidas por golpes. Fue trasladado en el móvil 134 del Servicio Penitenciario por un tal “Quevedo”, según declaraciones de la familia en los medios de comunicación.

Desde Tribunales informaron a la familia que no se tenía conocimiento de la internación de Ezequiel. Reina la oscuridad en este tipo de circunstancias, donde las fuerzas policiales se encubren para ocultar sus abusos y delitos, pero cuentan también con la protección de todo el andamiaje del Estado, incluída la Justicia.

Ezequiel se suma a una cada vez más larga lista de personas que mueren bajo el control del Servicio Penitenciario. El jueves 16 de junio tuvo lugar el asesinato de Milagros Guerrero, de 22 años, que fue hallada ahorcada en el Establecimiento Penitenciario Nº3 para Mujeres de Bouwer. La familia dio a conocer que la reclusa necesitaba asistencia que nunca le brindaron, más que reforzarle las dósis farmacológicas para tranquilizarla o dormirla. Cuando las internas vieron la situación y pidieron ayuda las reprimieron violentamente.

Todo el aparato de las fuerzas represivas del Estado se hunde cada vez más en la descomposición. Son copartícipes directo del delito organizado, se involucran en hechos de trata de personas, narcotráfico, robos, estafas e incurren en apremios ilegales, vejaciones y homicidios contras los pibes y las pibas de los barrios. Lejos está entonces el Servicio Penitenciario de garantizarle una verdadera reinserción a los internos en la sociedad.

En las prisiones cordobesas la violación a los Derechos Humanos es sistemática. Lo venimos denunciando hace años desde las páginas de Prensa Obrera. Los agentes del Servicio Penitenciario reproducen la discriminación y el sojuzgamiento, incluso a personas que dudosamente sean responsables del hecho que se les acusa.

No queremos ni un muerto más en las cárceles de Córdoba. Basta de represión. Hay que desmantelar el aparato represivo del Estado y proceder a la elección y revocabilidad por voto popular de jueces y fiscales para castigar a todos los responsables materiales y políticos de estas atrocidades.