Un nuevo capítulo en la crisis policial se presenta por estos días en Córdoba, sucede que la jefa de la policía Liliana Zárate aisló a 12 jefes de la división de investigaciones criminales, a quienes acusa de haber filtrado a la opinión pública el pasado de su pareja, el oficial principal pasado a retiro, Ariel Prandi.

Cabe recordar que Prandi fue pasado a retiro obligatorio luego de ser investigado por la División Robos y Hurtos de la propia Policía. La pareja de la jefa de la Policía fue sometido a investigación interna y los casos se cerraron cuando lo sacaron de “la fuerza”.

Liliana Zárate apuntó contra la División de Investigaciones Criminales a cargo Alejandro Mercado por realizar un complot contra ella. Los “12 apóstoles”, como se los denominaba al grupo que encabezaba el mencionado exdirector, serán alejados de los altos cargos que ocupaban, luego de que la jefa montó hacia el interior de la institución una división de investigación paralela, supuestamente sin que el ministro Adolfo Mosquera esté al tanto.

La tarea de investigar a quienes investigan estuvo a cargo de Fernando Orellana, un policía que sobrevivió a la causa del narcoescándalo a cargo del fiscal Enrique Senestrari.

Según la prensa, Alejandro Mercado responde directamente al cuestionado ministro de Seguridad Mosquera, mientras que Zárate tiene el apoyo del gobernador y su entorno más cercano, esto porque fue la carta de cambio para maquillar una institución podrida que quedo a la luz en el 2020 con los casos de gatillo fácil.

Más allá del padrinazgo de unos y otros lo cierto es que el gobernador Juan Schiaretti preservó al ministro de Seguridad a pesar de la ola de gatillo fácil que sacó nuevamente a la luz la descomposición de la Policía.

La crisis de las fuerzas de (in)seguridad, que se expresa en las internas, pero también en los cambios de protocolos inservibles o el cambio de cúpulas, lejos está de terminarse, y junto con ella sigue el sinfín de abusos y asesinatos a manos de las fuerzas policiales. Sin ir más lejos en los últimos días una mujer denunció a la policía por abuso sexual y tortura.

Estamos presenciando cómo el Estado y sus fuerzas de gobierno intentan salvar una institución podrida desde sus raíces, que se mantiene en pie por ser la herramienta por excelencia para aleccionar y reprimir a les trabajadores en un cuadro en el cual ajuste y la miseria social crecen.

A pocos días de una masiva movilización del 24 de marzo en lucha, el pueblo cordobés copó las calles no solo en la capital sino también en el interior de la provincia, como por ejemplo en Cruz del Eje, en donde la familia de Joaquín Paredes, asesinado por el gatillo fácil, reclamó por justicia y denunció la impunidad policial y judicial. También hubo marchas en Río Cuarto y Mina Clavero.

Las movilizaciones del 24 M fueron una clara expresión de consciencia en la necesidad de continuar el camino de la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. En esa perspectiva es necesario proceder a el desmantelamiento del aparato represivo del Estado para crear un cuerpo de seguridad ciudadana, no represivo, sobre la base de una transformación social de conjunto.