Este jueves 3 de abril inicia el juicio contra los ocho vecinos de Rawson que, en diciembre de 2021, participaron en las grandes jornadas del Chubutazo, cuando miles de personas de toda la provincia se movilizaron en repudio al proyecto de zonificación minera que Arcioni y sus aliados habían aprobado de espaldas al pueblo.

La audiencia tenía cita para este pasado martes 1 de abril, pero fue suspendida y postergada para iniciar el próximo jueves. Los propios imputados, junto con distintos espacios de lucha como las asambleas ambientales, convocan a la comunidad a movilizarse para enfrentar este nuevo capítulo de criminalización de la protesta en la provincia.

La denominada “causa del Chubutazo” es un claro ejemplo de criminalización de la protesta. La respuesta del gobierno de Arcioni a la enorme rebelión popular fue una salvaje represión que dejó decenas de heridos. Incluso vecinos que sufrieron esta violencia se organizaron judicialmente para denunciar los abusos policiales, denuncias que como tantas otras no prosperaron ya que el Estado garantiza la impunidad de los agentes policiales. Mientras se criminaliza a quienes se manifestaron genuinamente en defensa del agua y el territorio, no se ha iniciado ningún proceso judicial contra los responsables políticos de la represión.

Al igual que Arcioni, Torres profundiza su agenda de criminalización y persecución de luchadores sociales. De la mano de Bullrich, se dedicó durante todo el verano a hostigar y perseguir al pueblo mapuche-tehuelche bajo la falsa acusación de ser responsable de los incendios. Con enormes irregularidades, las autoridades aún mantienen bajo detención domiciliaria a Victoria Núñez Fernández, de la Lof Pillan Mahuiza. Del mismo modo, con acusaciones infundadas, hace unos meses intentaron armar una causa contra activistas ambientales que se manifestaban contra la adhesión al RIGI. 

Torres cuenta con el respaldo no solo del gobierno nacional, sino también de la oposición peronista. Luego de que el gobernador hostigara públicamente a la jueza María Laura Martini, declarando que “se compre un perro” tras dictar una probation para los acusados de las jornadas del Chubutazo, la primera oposición en la Legislatura apoyó al mandatario votando un proyecto de repudio contra la magistrada. Este repudio se basó en argumentos falsos, ya que sostenía que la probation era improcedente para acusados de incendios o daños graves, lo cual no aplicaba en este caso. No hay diferencias entre oficialismo y oposición: cuando se trata de avanzar con la agenda extractivista, coinciden en desplegar toda la fuerza represiva y judicial del Estado para amedrentar a quienes resisten.

La política de Torres es parte de un entramado represivo nacional a favor de los negociados extractivistas, garantizado por todos los gobiernos. En estos mismos días, en Mendoza, se desató una terrorífica persecución hacia los miembros de la asamblea ambiental de Uspallata, con allanamientos y el saldo de dos detenidos, Mauricio Cornejo y Federico Soria. Queda claro que la única manera de enfrentar esta avanzada represiva, es redoblando las fuerzas de la movilización popular.

Por el derecho a protestar y manifestarse, que es fundamental para defender las conquistas de las y los trabajadores que se encuentran en total peligro con las políticas de ajuste y saqueo de los gobiernos nacional y provinciales. ¡Ganemos las calles en contra de la criminalización de la protesta! Luchar no es delito.

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Editorial de Gabriel Solano en 14 Toneladas T2E8. -

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