Criminalizan a quienes luchamos contra el ajuste

Es parte de las “medidas dolorosas” que reclama el FMI

La persecución ha dado un nuevo salto

La persecución judicial y represiva contra las organizaciones sociales y piqueteras ha dado nuevos saltos a partir de un ataque judicial coordinado. Se han llevado adelante 23 allanamientos de comedores populares, galpones de mercadería que distribuyen a comedores, casas de dirigentes de la CCC en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Jujuy también ha habido requisas, otros 16 allanamientos, y se ha llegado al espionaje y la infiltración de las organizaciones sociales. El gobernador Morales adopta los métodos de la última dictadura militar para avanzar en la ilegalización de cualquier tipo de protesta. Esta avanzada se suma a la imputación a los dirigentes nacionales del Polo Obrero y Partido Obrero.

Se trata de una ofensiva contra la fracción de la clase obrera, los desocupados, que más viene resistiendo el ajuste brutal que se descarga sobre el conjunto de trabajadores. La pretensión es “liberar las calles” para avanzar en la implementación de las “medidas dolorosas” que reclama el FMI, que incluyen las reformas laborales, previsionales e impositivas para que la crisis la paguen los trabajadores. El respaldo político a esta orientación reaccionaria ha venido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que aprovecha cada oportunidad que tiene para atacar a movimiento piquetero y principalmente a los que “ocupan la Avenida 9 de Julio”.

Para profundizar el ajuste y cumplir con las metas que exige el FMI, tal cual lo anunció la nueva ministra de Economía, Batakis, necesitan sacar al movimiento piquetero de la calle, por eso avanzan en este intento de ilegalización de las organizaciones de trabajadores desocupados. No se trata solo de jueces macristas, como señalan dirigentes de algunas de las organizaciones perseguidas, sino de un accionar coordinado de la Justicia que tiene el respaldo de los dichos por la vicepresidenta.

Estamos ante un reclamo de toda la clase capitalista, que pretende de esta manera avanzar también en mayor precarización laboral y rebaja de salarios. Es por este motivo que todos los voceros de los partidos patronales y medios masivos de comunicación se han sumado a esta escalada de criminalizar la protesta. Desde Milei a Larreta, han pedido entregar los programas sociales a los punteros, igual que Cristina Kirchner. Patricia Bullrich señaló que si fuera gobierno terminaría con los planes sociales, pero no ha dicho nada sobre cómo generar puestos de trabajo.

Por el contrario, la Unidad Piquetera y el Polo Obrero, principal blanco de los ataques, vienen luchando por trabajo genuino a partir de la obra pública y la vivienda, y la universalización de los programas sociales para todos los desocupados.

La respuesta contra la criminalización tiene que ser masiva y contundente de parte de todas las organizaciones sociales y piqueteras, y todos los sectores en lucha, como lo fue la jornada de lucha que copó las calles en San Salvador de Jujuy contra el represor Morales. La Unidad Piquetera y la Utep discuten una acción de lucha ante la ofensiva criminalizadora y judicial que debe también colocar los reclamos por el trabajo, el salario mínimo de 100.000 pesos, contra el ajuste y la pobreza, entre otras reivindicaciones.