Las organizaciones sociales y piqueteras pudieron acceder a la causa armada por el gobernador jujeño Gerardo Morales, donde se encontraron con un modus operandi represivo, con infiltración e inteligencia sobre los activistas y luchadores, y la constitución de “grupos de trabajo” que rememoran a la última dictadura cívico-militar.

La información salió a la luz luego de los “imputados” y su defensa pudieran acceder a la causa impulsada por el fiscal Diego Funes y cuyas indicaciones fueron aprobadas por el juez Rodolfo Fernández.

La infiltración e investigación de las organizaciones sociales y piqueteras de Jujuy es consecuencia de la política reaccionaria, ilegal y criminalizadora de Gerardo Morales, pero también es el resultado de la orientación antipiquetera, ilegalizadora, impulsada por la vicepresidenta Cristina Kirchner y las patronales. Algo que también se ha visto con los allanamientos y requisas contra la CCC en CABA y PBA.

Justicia “adicta” y represiva

El fiscal ordenó que la Agencia Provincial de Delitos Complejos –un organismo creado para la persecución del narcotráfico- “se constituya sobre los lugares donde se reúnen las organizaciones sociales a los fines de lograr individualizar a los referentes”.

El día de la cita escogido tampoco es menor, sino que se trató de individualizar a los activistas y militantes que se manifestaron el 1° de abril ante la apertura del 61° período de sesiones ordinaria de la Legislatura jujeña, donde habló Morales. Las organizaciones afines al gobernador, que se movilizaron, no fueron incorporadas al expediente.

El expediente cuenta con unas 80 fichas personales de activistas y dirigentes sociales y piqueteros, en su mayoría con su fotografía y con información crediticia, fiscal, financiera y datos personales. Según contra en las actuaciones, el objetivo era detectar a “cada persona que se encuentre tomando asistencia o realizando anotaciones con respecto a la cantidad de personas que participan de esa organización”, como si en sí se tratara de un delito o una presunción.

La infiltración se organizó en diversas comisiones a cargo de varios oficiales policiales, supervisados por el comisario Marcero Rodríguez.

Respuesta popular

A pesar de la gravedad de los hechos señalados, los cuales se suman a todo tipo de intimidaciones contra activistas y luchadores independientes, como allanamientos frecuentes, controles policiales y amenazas, la movilización popular en la provincia continúa intacta.

Más de 60 organizaciones sociales, piqueteras de DD.HH., políticas y sindicales han convergido en un frente contra la represión y persecución en la provincia y por las libertades democráticas, que protagonizará una masiva movilización este martes 19 a las 9 horas.

A nivel nacional, una cumbre piquetera viene de discutir las medidas a tomarse contra la ofensiva judicializadora y criminalizadora contra las organizaciones sociales y piqueteras, y en los próximos días fijarán una fecha y lugar común para movilizarse colectivamente contra esta orientación.