Detenidos por tuitear: el régimen de Milei profundiza el estado policial

En un episodio que desnuda el carácter represivo y antidemocrático de la gestión libertaria, un trabajador de 42 años fue detenido en Río Tercero, Córdoba, acusado de realizar “amenazas al gobierno” a través de sus redes sociales.

El hombre fue abordado en la vía pública con una orden de allanamiento y traslado inmediato a Villa María, luego de que su domicilio fuera vigilado previamente bajo la modalidad de un “falso cartero” del Correo Argentino. Una operatoria de inteligencia digna de los peores regímenes dictatoriales.

El secuestro de su teléfono celular y la detención -que culminó horas después con un pedido de disculpas por parte de los efectivos, aunque con la causa aún abierta- exponen a las claras el modus operandi de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La misma funcionaria que defendió al policía de civil que disparó balas de goma durante la represión a la marcha en el Congreso, ahora orquesta cacerías contra ciudadanos comunes. El hombre, que paradójicamente votó a Milei en las últimas elecciones, describió la situación como "chocante" y un "garrón".

Una práctica de Estado

Este gravísimo hecho no es un caso aislado. Es la consolidación de una política de persecución y amedrentamiento hacia cualquiera que ose levantar la voz.

No podemos olvidar lo sucedido a principios de 2024 en la provincia de Jujuy, bajo el régimen de Gerardo Morales. En aquella oportunidad, el profesor universitario Marcelo Nahuel Morandini y Roque Villegas estuvieron más de un mes presos en el penal de Gorriti por el "delito" de tuitear sobre la vida privada de la esposa del entonces gobernador. Aquella detención arbitraria requirió la movilización popular y la intervención de organismos de derechos humanos para lograr la liberación de los detenidos.

A este prontuario represivo se suma el caso de Franco Osari también en Jujuy el pasado 24 de junio, un nuevo atropello que expone la matriz persecutoria de este gobierno. Con el mismo libreto de ciberpatrullaje, espionaje y amedrentamiento, el aparato del Estado cayó sobre Osari por el simple hecho de expresar su posición a través de las plataformas digitales.

Del mismo modo, en las últimas semanas hemos visto detenciones de usuarios en otras localidades, como el caso de Quilmes, bajo la misma excusa de "amenazas en redes".

Abajo el aparato represivo

El gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva a la cabeza, busca silenciar el descontento popular frente a un ajuste brutal mediante el terror y la persecución digital. Al igual que el protocolo antipiquetes busca vaciar las calles, la cacería de tuiteros busca censurar las redes.

El movimiento obrero y popular debe repudiar estas detenciones arbitrarias y exigir el desmantelamiento del aparato de inteligencia interno. Reclamamos el cierre inmediato de todas las causas por opinar en redes sociales.