Sebastián Romero, militante del PSTU encarcelado por su participación en la lucha contra la reforma jubilatoria de Macri en diciembre de 2017, recuperó su libertad después de un juicio abreviado en el que se lo condenó a 3 años de prisión efectiva. Por el tiempo pasado en prisión durante el cual se le negaron todos los pedidos de excarcelación, laborales y de estudio, la sentencia, incluso siendo condenatoria, implica que Sebastián quedará libre.

La sentencia se produce en un cuadro político marcado por la persecución al movimiento piquetero, que tiene su centro en Jujuy donde han sido encarcelados Sebastián Copello y Juan Chorolque, del Partido Obrero y el MTR 12 de Abril, respectivamente. Y donde están presos Oscar Santillán, Julián Lazarte y Jaru Rodríguez, sin pruebas, por los episodios frente al Congreso en la jornada de votación del pacto con el Fondo Monetario en Diputados.

El juicio abreviado corrió a cargo del juez Javier Ríos, el mismo que condenó a César Arakaki y Daniel Ruiz. Contó con los mismos testigos y fiscales que se utilizaron en dicho proceso. La condena ratifica una orientación de criminalización de la justicia Federal, promovida por el poder político que busca limitar el alcance de las movilizaciones en una etapa de ajuste, y reclamada además por Juntos por el Cambio y los liber fachos.

La de Sebastián Romero se transformó en una figura emblemática de la vida política del país. Sobre él y su llamado “mortero” (en realidad, un armado de pirotecnia) se montó una enorme campaña política para golpear la movilización de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria. La acusación de haber tirado “14 toneladas” de piedras apuntó en la misma dirección. Fue parte de un operativo para golpear la lucha popular contra el plan de ajuste de Macri. La perspectiva que abrían las jornadas de diciembre de 2017 era efectivamente la de derrotar al macrismo por la vía de la movilización popular, una vía que mostrarían luego las grandes rebeliones populares en Latinoamérica.

El peronismo levantó frente a esta perspectiva, un operativo de contención política, para sacar la lucha de las calles y llevarla al apoyo electoral del peronismo contra Macri, con la consigna “Hay 2019”. La demonización de la figura de Sebastián para golpear la lucha popular fue funcional a esta maniobra política. En realidad, Sebastián es un activista y luchador que fue delegado en General Motors y que se movilizó con miles de trabajadoras y trabajadores para enfrentar el saqueo jubilatorio del macrismo.

Con Fernández en el poder, continuó la persecución contra Sebastián, César Arakaki, Daniel Ruiz y otros compañeros. César y Daniel fueron condenados y esperan el resultado de la sentencia por parte de la Sala 1 de la Cámara de Casación. De confirmarse, tienen penas de prisión efectiva. En linea con esta política, ni el kirchnerismo ni ningún sector de peso del oficialismo se movilizó por la libertad de Sebastián Romero, una lucha que solamente acompañó la izquierda. Tampoco lo hicieron los organismos de derechos humanos oficialistas, que parecen hasta haberse olvidado de Milagro Sala, que sigue presa. Es que Fernández necesita de esta política de criminalización para condicionar al movimiento popular en un cuadro de crisis social creciente y pacto de ajuste con el Fondo Monetario.

Aún con los límites de haber sido condenado, la libertad de Sebastián Romero es un impulso para la lucha por la libertad a todos los presos por luchar. Redoblemos la movilización por este objetivo.