El gobierno de Omar Perotti, a través de su ministro de Seguridad Marcelo Saín, ordenó este jueves a la policía a reprimir un corte de ruta cercano a Rosario de un grupo transportistas que reclaman el aumento de la tarifa mínima, con la intención de liberar el acceso a los puertos del complejo exportador. Lejos de tratarse de un caso aislado, se vale de la aplicación del protocolo antipiquetes que dejó la gestión anterior del PS con el PRO, con una disposición que instruye a desalojar las manifestaciones sobre rutas o caminos sin intervención judicial, ya que los considera delitos de flagrancia.

“Poco importa si son rutas nacionales o provinciales. Es delito flagrante y punto. Esto no significa criminalizar la protesta, pero vamos a ordenar el desalojo de los cortes de ruta que surjan de un conflicto que no fue canalizado por las vías institucionales que corresponden. No se pueden reunir 10 personas en una ruta o en una esquina y cortar una ruta o una calle, cuando existen espacios del Estado y a nivel empresarial y sindical para plantear los reclamos” dijo el ministro a La Nación.

Lo que busca esta disposición es atacar la organización y lucha de los trabajadores, ya que apunta principalmente a las autoconvocatorias o aquellos que desbordan a la burocracia sindical, ya que esta “es la línea de acción que seguiremos desde el Ministerio de Seguridad ante cortes de ruta de grupos sin representación gremial”, afirmó Servín.

Esta disposición en Santa Fe, que busca ilegalizar las movilizaciones obreras y populares que resisten el ajuste, los despidos y las suspensiones, se asemeja mucho a la política de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que dispuso a poco de asumir un protocolo antipiquetes, de la mano de la mayor inserción de la Gendarmería y las Fuerzas Armadas en la represión interna. Pero Omar Perotti y su ministro de Seguridad no son casos aislados sino un elemento más que demuestra el refuerzo del aparato represivo a nivel nacional.

El gobierno nacional aumentó un 30% al presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia, destinando alrededor de 30 millones de pesos por día para los servicios de espionaje. El reforzamiento de la AFI se debe entender como una herramienta más de disciplinamiento social de la clase obrera frente a posibles protestas y a las posteriores represiones e investigaciones, tanto en las calles como dentro de las organizaciones de lucha y sectores y sindicatos combativos.

En el mismo sentido, el gobierno de Gildo Insfrán en Formosa refuerza la represión en medio de una  aguda crisis sanitaria provincial. Llegó a apresar a dos concejalas opositoras en plena concentración frente a una de las escuelas que funcionan como centros de aislamiento, los cuales fueron revelados como verdaderos espacios de hacinamiento de personas con Covid-19 junto a otras sanas o a la espera de los resultados de sus hisopados. Utilizan las fuerzas policiales para reprimir a la comunidad wichi y a los trabajadores que expresaron sus reclamos frente a la crisis.

En el mismo sentido, el gobernador bonaerense Axel Kicillof firmó un aumento para la policía y el Servicio Penitenciario de la provincia, que contrasta en demasía con el trato a los trabajadores de salud, educación y estatales cuyos salarios rozan la canasta de pobreza. Es otro paso en el “empoderamiento” represivo que comanda Sergio Berni. En Santa Fe copian el libreto con que se trató a las familias de Guernica.

La aplicación del ajuste viene de la mano de la represión y la regimentación de la protesta, por ello rechazamos esta medida del gobierno santafesino que es aleccionadora contra la organización de los trabajadores.