Cuando aún no se cerró la crisis por la visita de legisladores oficialistas a los genocidas en la cárcel de Ezeiza, el gobierno avanzó por decreto en el desmantelamiento de la Unidad Especial de Investigación de desaparición de niños durante la dictadura, que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Es un ataque a la lucha histórica de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de los organismos de derechos humanos, como también un paso adelante en la intención del gobierno de amnistiar a los genocidas, ya que estos son crímenes que continúan perpetrando el día de hoy dado que están privando actualmente de su identidad a cientos de personas.

En estos años, todo lo que se hizo para dar con el paradero de las personas apropiadas solo fue posible gracias a la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que, desde la dictadura, se han mantenido peleando incansablemente por la aparición de cada hijo, de cada nieto y por la cárcel común para todos los genocidas. Así se restituyó su identidad a 137 personas.

Ahora la Conadi ya no podrá conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante hace 47 años. El operativo contra dicha entidad viene de hace meses. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la Conadi. Organizaciones que defienden a condenados por lesa humanidad celebraron la decisión en redes sociales. En mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se plegó a la maniobra e intentó desprestigiar a la Conadi diciendo que se trataba de un organismo militante.

En junio, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto de decreto para sacarle a la Conadi las facultades que tenía desde hace 20 años: las de investigar y acceder a los archivos estatales. A esa embestida, se sumó la decisión de correr a Claudia Carlotto de la dirección del organismo.

Todo esto se suma a la embestida que el gobierno nacional aplica contra las libertades democráticas y los derechos humanos en general. La visita a los genocidas presos prometiéndoles su excarcelación, los discursos negacionistas, el desmantelamiento y la venta de edificios que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, son todas políticas orientadas a garantizar la impunidad de los genocidas de la última dictadura militar, arremetiendo contra todas las conquistas conseguidas por el pueblo argentino en materia de derechos humanos.

El objetivo oficial es que las Fuerzas Armadas vuelvan a ocupar un rol en la represión interna, que garantice el paso del ajuste y las políticas antipopulares. Los trabajadores tenemos el desafío de salir masivamente a las calles para derrotar al gobierno negacionista, defender las libertades democráticas y garantizar que los genocidas se mueran presos en una cárcel común.

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El dato surge de un relevamiento de Unicef, y es una expresión brutal de la motosierra del gobierno y sus cómplices. –

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