Libertades democráticas
25/3/2025
El gobierno dice que desclasificará archivos de la dictadura, para respaldar su relato negacionista
Por una investigación en manos de los organismos de derechos humanos independientes del Estado.
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Lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
El gobierno nacional presentó oficialmente su política para forzar un relato propio que exima y/o reste responsabilidad a los genocidas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, y principalmente absuelva a la clase capitalista que inspiró el terrorismo de Estado contra los trabajadores y la juventud.
Entre los anuncios presidenciales se encuentra la desclasificación de los archivos de inteligencia “vinculados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar”, y la promoción ante la ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del reconocimiento del atentado contra el genocida Humberto Antonio Viola y su hija como crimen de lesa humanidad.
Hasta el momento parecen anuncios sin dar los pasos para concretarlos, pero se dan en el marco del video provocador del gobierno con mentiras y tergiversaciones, en boca del facho Agustín Laje, para justificar el terrorismo de Estado y cimentar el relato de la “memoria completa” con el cual el gobierno busca encubrir los crímenes del Estado capitalista contra la vanguardia obrera surgida del Cordobazo.
La desclasificación de los archivos de inteligencia es uno de los reclamos históricos de los organismos de derechos humanos, que ha sido utilizado por los gobiernos capitalistas para ofrecer una imagen sesgada de los hechos, en ausencia de un acceso irrestricto y un escrutinio propio por parte de las organizaciones independientes del Estado.
Bajo el kirchnerismo fue un recurso para limitar la responsabilidad a un puñado de genocidas octogenarios, excluyendo de su relato el antecedente nefasto de la Triple A y la responsabilidad fundamental de las patronales y la clase capitalista en el sustento del terrorismo del Estado contra la clase obrera y sus organizaciones de lucha.
Ahora el gobierno busca fundamentar su propio relato con un refrito de la teoría de los dos demonios, renombrada “memoria completa” y a una “desclasificación” de archivos luego de haber reestructurado y financiado a la Side para adaptarla a sus propósitos.
El gobierno anunció que los archivos desclasificados serán enviados al Archivo General de la Nación para su análisis donde, paradójicamente, fue echado el personal especializado en la materia y cuyo organismo ahora es dirigido por Natalia Oriolo, experta en... criptomonedas.
Respecto al apoyo del gobierno a la familia Viola ante la CIDH estamos ante una medida totalmente propagandista, luego de que el reclamo para declarar estos hechos como delito de lesa humanidad fuera rechazado sucesivamente por la Justicia y por la propia CIDH.
La apertura de los archivos desclasificados en manos de los gobiernos capitalistas es un recurso manipulado por el poder político para ofrecer una imagen sesgada de los hechos: ya ha ocurrido en el pasado la apertura parcial y la ausencia de controles independientes que garanticen la integridad y veracidad de lo actuado. Nada asegura que bajo el control de Side y los negacionista no se trate de una desclasificación “selectiva” e interesada.
A su vez, la insistencia del gobierno en acusar a las organizaciones guerrilleras que fueron reprimidas hasta la muerte por la dictadura militar para justificar el accionar de los genocidas omite explicar lo fundamental el terrorismo de Estado: la aniquilación de la vanguardia obrera y estudiantil heredera del Cordobazo y que venía de protagonizar la huelga general contra el Rodrigazo. Ninguna teoría de “memoria completa” da cuenta de esta tarea principal de la sangrienta dictadura cívico-militar.
Todos los archivos de la Side y del Ejército deben ser desclasificados y puestos bajo el control y escrutinio de las organizaciones independientes de DD.HH. para investigar todas las responsabilidades política e intelectuales del terrorismo de Estado, incluyendo a las grande patronales y capitalistas que brindaron su colaboración directa con los genocidas y que actualmente operan impunemente en el país.
