En el Facebook oficial del Ministerio de Seguridad de Chubut se publicó el 11 de julio una entrevista al ministro Federico Massoni, en la que acusa a los organismos de derechos humanos de “defender delincuentes” y sostuvo que “la mano dura de la policía no es violencia institucional”.

Lo grave es que Chubut ha sido escenario de innumerable abusos policiales. En el barrio Inta de Trelew efectivos balearon en la cara a un vecino que estaba en la puerta de su casa, y en Puerto Madryn la policía se llevó a un adolescente y lo golpeó en la comisaría dejando lesiones de gravedad. Con el aislamiento social obligatorio, el reforzamiento represivo y la militarización de los barrios incrementaron los atropellos contra los trabajadores y hasta dirigentes sindicales; como ocurrió con la detención del delegado de Sisap, “Caito” Sepúlveda, y el secuestro del auto de Daniel Murphy, secretario general de Atech regional sur Comodoro.

El ministro Massoni no esconde sus intenciones y por eso en dichas entrevistas insiste en que las fuerzas policiales  tienen como fin primero mantener “el orden”. En una provincia en quiebra, con escuelas y hospitales desabastecidos, donde el aguinaldo se paga en seis cuotas y aún se adeudan salarios de los últimos dos meses a los estatales, el orden del que habla es el amedrentamiento contra la población trabajadora para impedir nuevos asensos de lucha y movilización popular. Massoni mismo fue quien dio la orden de reprimir a los estatales que se manifestaban en Rawson reclamando el pago de sus salarios, dirigió los operativos del barrio Inta y avaló las vejaciones que sufrieron empleadas gastronómicas en una comisaría de Madryn.

Desde el Partido Obrero repudiamos estos dichos de Massoni, y denunciamos que este reforzamiento represivo contra los trabajadores se enmarca en una política de Estado a nivel nacional, que se evidencia ahora con los crímenes por gatillo fácil de la Policía Bonaerense, la desaparición de Facundo Castro y las represiones a los colectiveros de Córdoba, los municipales de Mendoza o los mineros de Neuquén.

El ataque a los organismos de derechos humanos también es una constante del gobierno de Mariano Arcioni, que ofrece una distinción al genocida Tito Nichols, responsable del secuestro y desaparición del docente y militante Elvio Ángel Bel. La lista de abusos de autoridad, vejaciones y violencia institucional ejercidas por la fuerza de seguridad que dirige Massoni es interminable, y evidencia que su accionar tiene como fin sostener la opresión que sufren las familias trabajadoras.

El ataque represivo al pueblo chubutense viene acompañado del intento de reestructurar una deuda usuraria y fraudulenta a costa de los trabajadores, y de una nueva ofensiva minera contra el patrimonio natural de la provincia. Es más necesaria que nunca la unidad de los trabajadores, ocupados y desocupados, para defender nuestros recursos y nuestros derechos. ¡Fuera Massoni! ¡Basta de represión!

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