Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto 138. Se trata del hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, ambos militantes de Montoneros y desaparecidos en 1976. El hecho coincide con la lucha que los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos están librando contra el gobierno de Milei en defensa de los puestos de trabajo y los sitios de memoria.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló en una conferencia de prensa realizada en la ex Esma que «(Marta y Juan) fueron vistos en el centro clandestino de detención Esma, donde probablemente se haya producido el nacimiento del nieto 138. Se tienen contabilizados más de 30 nacimientos en este centro clandestino. Pensaban llamar Soledad o Manuel al bebé que esperaban».

La aparición del nieto es una bocanada de aire fresco para la lucha en defensa de los derechos democráticos. Sobre todo cuando en Argentina gobierna un elenco de negacionistas del terrorismo de Estado y de fanáticos de Videla y Massera. Milei y Villarruel han demostrado en varias oportunidades su simpatía con los milicos terroristas; la vice solía visitar a Videla a la cárcel.

En este contexto, trabajadores de la Secretaría de DD.HH. realizarán un abrazo simbólico en la ex Esma este viernes a las 17:00 horas, en una jornada convocada por organismos de derechos humanos y sindicatos estatales. Allí, bajo la última dictadura, funcionó el principal centro clandestino de detención, tortura y exterminio, donde fueron secuestradas, asesinadas y desaparecidas aproximadamente 5.000 personas entre 1973 y 1983.

Los trabajadores denuncian que hubo despidos, la rebaja salarial de miles de trabajadores de planta y la amenaza de no renovación de contratos –más de 600 empleados. El gobierno se apresta a eliminar programas y cerrar los sitios de memoria. Todo esto está en línea no solo con su política de ajuste para achicar el déficit fiscal en beneficio de los capitalistas sino también con su orientación prodictadura.

Bajo Milei, a la vez que se desarrolla esta política reaccionaria, se sostiene la impunidad sobre los represores. Este 2024, la Justicia produjo solo 14 sentencias vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Es el número más bajo de los últimos 10 años.

Asimismo, el gobierno nacional disolvió organismos encargados de analizar los archivos de las Fuerzas Armadas, ordenó al Ministerio de Seguridad no entregar archivos de sus integrantes a los organismos que investigan la apropiación de menores y dispuso la suspensión del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado.

Según el Cels y Memoria Abierta, el Ejecutivo desfinanció los más de 800 lugares que durante la última dictadura funcionaron como centros de tortura, detención y desaparición, y echó a la mitad de la planta de trabajadores de los ocho sitios que dependen de la Secretaría de DD.HH. A la vez, frenó las obras de infraestructura, las excavaciones arqueológicas y las tareas de conservación de lugares que son prueba judicial, y puso en venta terrenos en los que funcionaron centros clandestinos (ElDiarioAr, 27/12).

Hay que seguir peleando contra la impunidad y por la apertura de los archivos de la dictadura que todos los gobiernos mantuvieron bajo llaves para saber qué pasó con los niños robados por los milicos.

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