Libertades democráticas
26/12/2024
Murió Levín, un exponente del carácter capitalista de los crímenes de la dictadura
Fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
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Levín.
Marco Levín, el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, murió esta semana sin terminar su condena. Tenía arresto domiciliario y cumplía dos condenas por secuestros y torturas contra trabajadores de la empresa La Veloz del Norte. Levín era otra prueba viva del carácter de clase de la dictadura terrorista de Videla, y también de la impunidad que reina en Argentina.
Levín fue condenado por la Justicia Federal de Salta en 2016 a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad y por la privación ilegítima de la libertad de Víctor Cobos –exempleado de su empresa y delegado gremial de la UTA. Bajo el imperio de Videla, Levín era el timonel de la Federación de Empresarios Salteños del Transporte, que tenía vínculos con la policía provincial y el Ejército.
En su momento, el empresario pidió la intervención de militares y policías para neutralizar conflictos gremiales, la aplicación de la ley antisubversión y aportó a la Policía información de inteligencia para perseguir trabajadores. La segunda condena –a 18 años de prisión– tuvo lugar en noviembre de 2023, tras ser considerado coautor del delito de privación ilegal de la libertad, uso de violencia y amenazas contra 16 trabajadores de su empresa.
Antes, un fallo de la Cámara de Casación Penal, integrada por Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, consideró que esos delitos no ingresaban en la categoría de delitos de lesa humanidad y revocó sus condenas. Ese fallo, no obstante, fue revertido por la Corte Suprema.
Levín gozó de la misma impunidad que ha sido garantizada por todos los gobiernos democráticos capitalistas al grueso de los impulsores del genocidio dictatorial. Solo una parte ínfima de los ejecutores de los crímenes contra los trabajadores fueron condenados a prisión –y la mayoría de ellos cumplen o han cumplido prisión domiciliaria. Otro de los grandes exponentes de la burguesía nativa que ha muerto impune fue Carlos Blaquier, exdueño del ingenio Ledesma.
Bajo Milei, cuyo gobierno está lleno de fanáticos y nostálgicos de la dictadura genocida, se profundizó la política de impunidad. En 2024, la Justicia produjo solo 14 sentencias vinculadas a los crímenes de lesa humanidad. Es el número más bajo de los últimos diez años. En esta línea progenocidas, desde Casa Rosada han disuelto organismos encargados de analizar los archivos de las Fuerzas Armadas, han ordenado a Seguridad no entregar archivos de sus integrantes a los organismos que investigan la apropiación de menores y han dispuesto la suspensión del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado.
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, pasó en su momento por la cárcel para visitar a Videla. La visita a los genocidas organizada por la vice y la ministra Patricia Bullrich en julio, a su vez, fue parte de un plan para promover el indulto a los genocidas. El gobierno de Milei quiere ir hacia un punto final definitivo. En este sentido, por otro lado, lanzó un decreto que permite a los milicos reprimir protestas de trabajadores. Este intento de “reconciliar” al pueblo con las Fuerzas Armadas ha sido promovido por todas las fuerzas políticas capitalistas que detentaron el poder.
La clase capitalista organizó el golpe con el objetivo de destruir la organización política y sindical de los trabajadores y de eliminar físicamente a su vanguardia. Apoyada por el imperialismo y la Iglesia, puso en pie un régimen dictatorial y asesino para terminar con el proceso de auge de la lucha de clases abierto con el Cordobazo y que tuvo continuidad más tarde en otras grandes gestas de lucha como las huelgas de junio y julio del 75; es lo que no pudo hacer el gobierno peronista con la Triple A. Son los mismos que se han enriquecido como nunca durante estos 40 años de democracia –los empresarios de la UIA, la Sociedad Rural, la Came, etc.
Empresas como Acindar, Ford y Mercedes Benz llegaron a tener campos de concentración propios; otras como La Nueva Provincia, Dálmine Siderca, Propulsora Siderúrgica S.A., Loma Negra, Las Marías, Astilleros Astarsa y Mestrina, las ceramistas Cattáneo y Losadur y Molinos Río de la Plata también han estado envueltas en causas judiciales por su complicidad con la dictadura.
Los patrones y los “civiles” en general que colaboraron con el régimen genocida no fueron castigados. Reina la impunidad porque la Justicia está controlada por la burguesía, la clase social que impulsó esa masacre a gran escala de obreros y jóvenes.
Sigamos peleando por juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la dictadura genocida.
