El próximo aniversario del 24 de Marzo y los 40 años de regreso de la democracia plantean una mirada retrospectiva respecto a la herencia de la dictadura cívico-militar y la continuidad de un legado nefasto, al servicio del sometimiento al FMI y el imperialismo, y con la continuidad de cientos de leyes y negocios antiobreros.

La madre de todas estas políticas de la dictadura, aseguradas por la transición democrática, es el salto en el endeudamiento externo, pasando de 7,8 mil millones de dólares a 46,5 mil millones (según datos del Banco Mundial), con la estatización de deuda privada y un FMI que desembolsó los primeros fondos tan solo 48 horas después del golpe militar.

A esto se agrega la continuidad del andamiaje jurídico del último gobierno de facto, calculado en alrededor de 417 leyes (10% del total) que hoy se encuentran vigentes. Mientras que se estima que una de cada cuatro leyes (998) no tienen orígenes democráticos.

Entre las leyes de la última dictadura que aún persisten se encuentra la Ley de Entidades Financieras, que sirvió al propósito de desregular los negocios de la banca privada extendiéndose a los negocios financieros, el cobro de comisiones y aranceles, y ampliar su incidencia en la economía. Esto conllevó la disminución de las entidades financieras de 725 a menos de 80, suprimiendo muchas cooperativas y quedando en pie un puñado de bancos privados.

Siendo el tema represivo un punto sensible de todo 24 de Marzo, a la fecha subsiste la Ley Orgánica para la Policía (firmada por Aramburu) y la Ley Para el Personal de la Policía (rubricada por Videla), ambos instrumentos al servicio de la impunidad policial, los abusos y el gatillo fácil. Mientras la primera introduce las “detenciones por averiguación de antecedentes”, la segunda justifica el accionar policial fuera de servicio, entre otras cosas.

La “normativa” de la dictadura también instruye un Régimen Penal de Minoridad persecutorio y discrecional.

Además, sanciona beneficios excepcionales para el clero, como salarios equivalentes a los de los jueces, subsidios, etc.; la potestad de vender propiedades públicas sin aval del Congreso; y favorece la penetración del capital foráneo por medio de la Ley de Inversiones Extranjeras.

La herencia represiva de la dictadura tambiens e expresa en la creciente criminalización de la protesta social, con la persecución y judicialización contra los activistas y luchadores por parte del gobierno nacional, los gobernadores y la Justicia, por oponerse justamente al legado y la actualidad de una deuda externa y un plan económico dictado por el FMI que lleva a millones de trabajadores a la ruina.

Est 24 de marzo movilizamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y con el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad contra este legado de sometimiento contra los trabajadores.

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/comienza-la-jornada-nacional-de-lucha-por-la-libertad-de-lorena-y-martin

https://prensaobrera.com/politicas/la-intervencion-de-edesur-una-reaccion-tardia-ante-las-protestas-y-que-no-resuelve-nada