El martes 12 se llevó a cabo una importante audiencia pública en el auditorio del edificio anexo de la Cámara de Diputados, para reclamar la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, quienes fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión, y tres años, respectivamente, en una causa por la manifestación frente al Congreso el 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria votada ese día.

Además de los compañeros condenados, estuvieron presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Sebastián Romero (también condenado por aquella jornada y recientemente liberado), los diputados nacionales Romina Del Plá y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda-Unidad), Jimena López y Paula Penacca (Frente de Todos), Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano (FIT Unidad, mandato cumplido), el legislador por la Ciudad de Buenos Gabriel Solano (FIT Unidad), organizaciones de derechos humanos (Apel, Correpi, CELS, Encuentro Cachito Fukman y Serpaj, entre otros), delegaciones sindicales (de camioneros, gráficos, actores y trabajadores de prensa, entre otros), organizaciones piqueteras (Polo Obrero y MTR) y el Comité por Facundo Molares, fotógrafo sobre el que pesa un pedido de extradición de la Justicia colombiana. Además, se recibieron múltiples adhesiones, como la de los sindicatos Foetra (telefónicos) y AGTSyP (subte).

“El proceso de aplicación del ajuste fondomonetarista agudiza una represión que es integral”, introdujo Romina Del Plá en su intervención, aludiendo a los últimos hechos en la materia (detenciones en Jujuy, represión a trabajadores del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). Enfatizó que la causa contra Arakaki y Ruiz es un intento de aleccionar a todo el movimiento popular. “Esta condena no puede pasar, no puede quedar en firme, no puede ejecutarse, porque es la espada de Damocles sobre cualquier sector que tenga la necesidad de salir a reclamar por sus derechos”, dijo. “Hay que unir fuerzas por el derecho a luchar”, resumió.

“Los trece meses que viví en el penal de Marcos Paz fueron un castigo y no es, como dice la Constitución en su artículo 75, que las cárceles deben ser seguras y limpias; eso no se cumple”, señaló Daniel Ruiz. “La Justicia está al servicio de los ricos y no de los trabajadores y el pueblo”, denunció.

César Arakaki, quien es actor de profesión, comentó que, tras salir de su detención en un penal de máxima seguridad, en el marco de la sustanciación del proceso judicial, no encontraba trabajo, debido a la feroz campaña lanzada desde los medios y el poder político contra aquella manifestación. Destacó que entonces cuatro directores se lo ofrecieron (Iván Mochner, Lisandro Rodríguez, Andrés Mangone y Pompeyo Audivert). En relación a la causa en su contra, sostuvo: “yo me defendí de una represión y hoy me acusan de intimidación pública. Los que estaban intimidando en la Plaza eran el gobierno y sus fuerzas represivas”. A su turno, su abogada Liliana Alaniz, de Apel, apuntó que “esta causa ha sido una arbitrariedad absoluta desde el minuto uno”.

La audiencia actuó como un catalizador de las principales luchas por las libertades democráticas. El punto más sensible de toda esta agenda son los presos políticos. La lucha arrancó la libertad de Sebastián Copello y Juan Chorolque, dirigentes piqueteros que habían sido detenidos en Jujuy tras un plan de lucha, pero las causas continúan abiertas, y hay otra treintena en desarrollo contra otros luchadores de la provincia, a la vez que en Neuquén hay decenas en curso tras la huelga de la salud de 2021. También siguen detenidos algunos de los que se movilizaron el día que se aprobó el acuerdo con el Fondo en el Congreso. Y acaban de ser encarcelados dos referentes del sindicato camionero de San Nicolás (ver en estas páginas), razón por la cual un referente de esa organización, Leandro Reparás, participó de la audiencia.

El otro aspecto de esta persecución es la artera campaña lanzada contra las organizaciones piqueteras que luchan contra el hambre, por la universalización de los planes sociales y por trabajo genuino. En un país con casi un 40% de la población en la pobreza, desde el “libertario” Javier Milei y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta hasta el secretario de Seguridad Sergio Berni y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, han puesto el foco en los cortes de calle. En la misma línea, Juntos por el Cambio ha lanzado una campaña contra la toma de Los Hornos, protagonizada por más de 2 mil familias que luchan por su derecho a la vivienda.

Finalmente, está la represión callejera, que ha tenido algunas de sus últimas expresiones en la ya mencionada embestida policial contra los trabajadores del INCAA y la del gobierno de Juan Schiaretti, en Córdoba, contra un acampe de organizaciones ambientalistas.

Basta de persecución y represión contra los que luchan.

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