El 29 de noviembre de 2019, el lonko Facundo Jones Huala fue sobreseído de la causa de usurpación iniciada por la Compañía Argentina de Tierras del Sud (Benetton) y la Fiscalía de Esquel en marzo de 2015. Sobre esa causa se había construido todo el relato de Patricia Bullrich sobre el accionar de una supuesta guerrilla terrorista que operaba en el sur del país llamada RAM.

Actualmente, Jones Huala se encuentra detenido en Temuco, Chile, por el incendio de una casa. Huala fue extraditado a Chile en septiembre de 2018, a pedido de Michelle Bachelet y autorizado por Mauricio Macri a pesar de la oposición de organismos de derechos humanos y la propia Organización de Naciones Unidas. La querella de Benetton había solicitado que se esperara a su liberación en Chile para avanzar con la acusación. Pero el delito de usurpación no es extraditable y la causa prescribía en mayo de este año. Con esa interpretación, el juez penal Ricardo Raúl Rolón resolvió su sobreseimiento. En marzo ya habían sido sobreseídos el resto de los imputados, Fernando Eloy Jones Huala, Rodrigo Ezequiel Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan, Matías Santana y Andrea Jazmín Millañanco.

El desarrollo de la causa, desde abril de 2015 al momento, estuvo determinado por una política de persecución por parte del Estado al reclamo mapuche por la recuperación de las tierras del sur y una militarización del territorio. Ya en ese año se había pretendido acusar a tres dirigentes mapuche bajo los preceptos de la ley antiterrorista votada durante el gobierno kirchnerista. Posteriormente, vinieron las detenciones violentas de Jones Huala y los otros seis miembros de la comunidad mapuche en 2016 y la segunda detención –ilegal- de Huala en 2017, tras una reunión entre Mauricio Macri y Michelle Bachelet.

 En ese cuadro, el Ministerio de Seguridad nacional asoció a Jones Huala a una guerrilla terrorista y con esa idea justificó la militarización, represión y autorizó la acción por flagrancia de las fuerzas de seguridad. El informe del Ministerio de Seguridad que dio impulso a esta orientación en agosto de 2016 planteaba que “las problemáticas en la Patagonia” eran las “amenazas de la guerrilla RAM” que ponían en jaque los intereses petroleros. Lo acompañaba una foto de Jones Huala y el reclamo por su libertad.

Desde ese momento, se agudizó la política de represión y persecución al reclamo mapuche, que implicó allanamientos violentos, testimonios tomados bajo tortura, represiones y detenciones ilegales, espionaje y acciones coordinadas con Carabineros. Todo ello, seguido de cerca personalmente por los principales funcionarios del Ministerio de seguridad nacional, Bullrich y su mano derecha, Pablo Nocetti (que participó personalmente de las audiencias contra Huala y de diversas reuniones con las fuerzas de seguridad locales).

En esta política represiva dirigida directamente desde el Gobierno se inscribe la represión de Gendarmería nacional contra el corte de la Ruta 40 que reclamaba por la liberación de Jones Huala el 1 de agosto de 2017 que terminó en la muerte de Santiago Maldonado y la represión en la que fue asesinado, dos meses después, Rafael Nahuel. Especialmente en la causa por el crimen de Santiago Maldonado pero también contra Rafael Nahuel se hizo extensiva esa política de criminalización, que se desarrolló inclusive en el terreno judicial. Entre otras falsedades, el Ministerio de Seguridad los asoció a la RAM y bajo esa idea operó política y judicialmente para exonerar de responsabilidades a Gendarmería nacional y sus mandantes políticos y, en su lugar, responsabilizar a las víctimas. 

El sobreseimiento de Jones Huala deja también en evidencia que la RAM y la amenaza terrorista en el sur no fueron otra cosa que una operación del Estado encabezada por Bullrich para proteger los intereses de los pulpos mineros y gasíferos sobre los recursos de la Patagonia. Es un elemento más para la lucha por justicia por Santiago Maldonado y por Rafael Nahuel.