La condena del juez Javier Ríos contra los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz (a tres años y cuatro meses de cárcel, y tres años, respectivamente), acusados de “intimidación pública” por su participación en la multitudinaria movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria, ha desatado numerosos pronunciamientos de repudio.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia sostuvo que “las razones políticas de este vergonzoso fallo están a la vista: Daniel y César deben pagar con sus cuerpos, con sus libertades, por ser parte de auténticas luchas de nuestra clase obrera”. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) señala que “si alguien cometió un atentado en esa jornada fue el aparato represivo estatal, que cargó contra la multitud que sólo reclamaba que no empeoraran aún más sus condiciones de vida presentes y futuras”. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, víctima del operativo represivo de la Gendarmería en 2017 contra la comunidad mapuche en Chubut, se solidarizó con los compañeros condenados a través de un tuit.

Los partidos y referentes del Frente de Izquierda – Unidad también se pronunciaron. Entre ellos, Gabriel Solano, Néstor Pitrola, Romina Del Plá (dirigentes del Partido Obrero), Nicolás del Caño (PTS), Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Alejandro Bodart (MST).

También rechazaron la condena el MAS y Política Obrera.

La Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) denunció -haciendo alusión a la reforma que modificó el cálculo de los haberes en perjuicio de los jubilados- que “no hay juicio para quienes llevaron adelante esta política de ajuste sino para quienes la enfrentamos en las calles”. A la vez, el Suteba Matanza lo cuestionó como “un fallo contra la clase obrera y los luchadores populares”, y reclamó también la libertad de Sebastián Romero, detenido por su participación en la jornada.

ATE Nacional, a través de un comunicado que lleva la firma de Hugo “Cachorro” Godoy (secretario general) y María José Cano (directora del Departamento de Derechos de los Pueblos), señaló que “una decisión de estas características, pretende constituirse en un mecanismo disciplinador y de amedrentamiento para los pueblos organizados y que luchan”. La UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) criticó “la doble vara de la justicia que es débil cuando debe juzgar a los poderosos y dura contra los y las trabajadoras”.

 

La periodista Adriana Meyer, de Página 12, tuiteó: “cambian los gobiernos, la criminalización de la protesta sigue”. Tamara Bezares, abogada laboralista y conductora en Crónica TV, también criticó esa criminalización.

La Corriente Político Sindical 1° de Mayo afirma que el caso es una “clara muestra del funcionamiento de la justicia burguesa, los compañeros procesados por el gobierno anterior y condenados por el actual son ejemplo de cómo actúa el brazo de la justicia”.

La Comisión contra las Redes de Trata de Zona Sur expresó que “quienes luchamos contra las redes de trata entendemos que tanto la explotación sexual contra las mujeres, como estos hechos represivos, tienen su origen en una sociedad cuya razón de ser es el beneficio de la clase capitalista”.

También se pronunciaron en contra Opinión Socialista; Comuna Socialista; el MTL Rebelde; Venceremos – Partido de Trabajadores; y Abogades en Cooperativa.