Libertades democráticas
1/7/2025
Gendarmería avala el accionar del efectivo que disparó en la cabeza a Pablo Grillo
Cerró el expediente sin investigación alguna, en una confesión del carácter criminal de todo el operativo represivo de Bullrich.
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Represión.
En tiempo récord y con un guion armado para la impunidad, la Gendarmería Nacional cerró el expediente administrativo por el disparo que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte durante la represión a la marcha de los jubilados del 12 de marzo. El informe, confeccionado en apenas 24 horas, atribuyó el ataque a un “hecho fortuito”, alegando mala visibilidad y culpando a la propia víctima por “ubicarse en la línea de tiro”. La fuerza no solo no sancionó al tirador, el cabo Héctor Guerrero, sino que lo mantiene en funciones, como si nada hubiera pasado.
El cierre del expediente administrativo sin investigación alguna es la confesión de que el accionar criminal que hirió gravemente a Grillo fue armado desde arriba. En la previa a la movilización en apoyo a los jubilados, Bullrich se dedicaba a decir que era una marcha de barrabravas para justificar la represión, y buscaron desalentar la convocatoria intimidando con mensajes en las estaciones de trenes anunciando que iban a reprimir "todo atentado contra la república". La salvaje embestida contra las organizaciones de jubilados, los trabajadores de prensa y los manifestantes en general fue una decisión política del gobierno. Por eso Guerrero apuntó a quemarropa violando todos los protocolos de uso de armas disuasivas.
Patricia Bullrich, al frente del Ministerio de Seguridad, encabezó una campaña pública de mentiras y operaciones desde el primer momento: primero atacó al propio fotógrafo, luego justificó el accionar de Guerrero como “ajustado a reglamento”, cuando las propias imágenes muestran que disparó a la cabeza, en forma horizontal y desde una distancia que descarta cualquier situación de “defensa”.
El relato oficial no resiste el menor análisis. La reconstrucción realizada por el colectivo Mapa de la Policía, a partir de registros periodísticos y filmaciones de drones de medios como TN y A24, demuestra que Guerrero apuntó directamente hacia la movilización. No fue un rebote ni un error. Fue un tiro dirigido, contrario a todo protocolo, con un arma que puede matar.
La investigación administrativa fue un montaje: gendarmes declarando frente a gendarmes, sin ninguna intención de esclarecer lo sucedido. El expediente niega responsabilidades, repite las versiones de los propios uniformados, e ignora todas las pruebas que contradicen sus dichos. Incluso cuando la justicia federal secuestró el arma usada, los cartuchos y el material administrativo, la fuerza volvió a cerrar el sumario con las mismas conclusiones. Una burla a Grillo, su familia y a toda la población.
Mientras tanto, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano todavía no llamaron a indagatoria al agresor. La querella del CELS y la LADH exige que se lo investigue por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero la causa está empantanada.
Este caso no es un hecho aislado. Es el resultado de una política represiva que se profundiza cada día y que se enmarca en una avanzada más general contra las libertades democráticas. Un régimen que avanza con ajuste y saqueo solo puede sostenerse con represión, la represión necesita impunidad para ser llevada adelante, y la impunidad se construye desde el Estado.
Desde el movimiento obrero y las organizaciones de lucha, debemos exigir juicio y castigo a todos los responsables: al cabo Guerrero, a sus mandos, y a la ministra Bullrich, como jefa política de esta represión criminal.
