Tras un proceso civil en EE.UU, el ex marino argentino, Roberto Guillermo Bravo, ha sido declarado culpable por su papel en la denominada Masacre de Trelew (1972), un hecho en el que fueron asesinados 16 miembros de distintas organizaciones peronistas y de izquierda, presos en el penal de Rawson, y otros tres heridos de gravedad. Ahora el militar deberá pagar alrededor de 27 millones de dólares a los familiares de las víctimas en compensación por sus crímenes, lo que constituye un paso adelante para poder pedir su extradición y que sea juzgado en la Argentina por delitos de lesa humanidad.

La Masacre de Trelew fue un fusilamiento de militantes, que se encontraban presos en un período de profunda crisis política y un país conmovido por aquellas enormes gestas obreras que se iniciaron con el Cordobazo, tumbaron a la dictadura de Onganía y abrieron una sucesión de intentos de salida que terminaría con el Gran Acuerdo Nacional y el regreso de Perón. Este hito en la historia de la represión de las luchas sociales por parte del Estado abrió también toda una política criminal contra las organizaciones combativas y del movimiento obrero que luego daría lugar a las AAA del tercer gobierno peronista y al genocidio de la última dictadura militar.

Después de la Masacre de Trelew, la Armada protegió a los fusiladores y garantizó el encubrimiento, enviando a Bravo como agregado militar a la embajada argentina en Washington en 1973. En 1979, la Marina le dio la baja y, para entonces, el genocida ya había forjado una relación estrecha con las fuerzas estadounidenses, lo que promovió su ciudadanía para 1987. Hoy lleva adelante una vida empresarial que lo convirtió en millonario.

Las políticas de encubrimiento en Argentina, por parte de los sucesivos gobiernos democráticos, bloqueaban cualquier tipo de acción que pudiese llevarse adelante para enjuiciar a Bravo e incluso permitieron que el represor vacacionara en el país en 1985. En 2005, tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promovidas por el gobierno de Raúl Alfonsín y anuladas gracias a la lucha de sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos, las familias de las víctimas presentaron una denuncia por la Masacre de Trelew.

El exmarino admitió que él fue uno de los militares que disparó y el que ordenó iniciar los tiros: “Dije ‘disparen’ dos veces y disparé a todo lo que se movía y venía hacia nosotros”, manifestó tras explicar que él fue el primero en hacerlo y que tiró unas 30 balas. Con esta declaración, Bravo buscaba utilizar la excusa del intento de fuga y de la autodefensa como recurso para resultar exento de la pena, pero es la clara expresión de que el genocidio estuvo dirigido a todas las organizaciones de la clase obrera y que constituyó un crimen deliberado por parte del Estado.

La misma clase capitalista que promovió el golpe y colaboró en la desaparición de activistas obreros ha utilizado decenas de recursos para garantizar la impunidad de los represores y sigue moviendo los hilos del país bajo la democracia. Hoy se expide con domiciliarias, permisos de salida y hasta con absoluciones fundamentadas en la teoría de los dos demonios, como es el caso José Carlos Sánchez, exmilitar responsable de una serie de operativos, entre el 11 y el 13 de octubre de 1977, en los que fueron asesinados tres militantes de montoneros.

Ante la negativa yankee para juzgar a Bravo en la Argentina, las familias salieron a buscar otra estrategia para conseguir justicia. En octubre de 2020, cuatro familiares de las víctimas presentaron una demanda civil en Estados Unidos bajo la Ley de Protección de las Víctimas de la Tortura, que permite denunciar ante las cortes norteamericanas a los responsables por tormentos o ejecuciones extrajudiciales en otras partes del mundo.

En este caso, se lo responsabiliza por las ejecuciones de Rubén Bonet, Eduardo Cappello, Ana Villarreal de Santucho y del intento de ejecución extrajudicial de Camps. Si bien no prevé penas de cárcel, sí puede derivar en una condena que obligue a compensar a las víctimas, como sucedió este viernes con Bravo, y plasma un antecedente que podría ser utilizado como recurso para exigir su extradición. De lograrse, el genocida podría ser condenado a perpetua en el marco de un juicio por delitos de lesa humanidad en Argentina, donde poseen el carácter de imperdonable e imprescriptible, gracias a la denodada lucha de familiares y sobrevivientes, por haber sido cometidos bajo estricta tutela del Estado y sus instituciones.

El relato de los tres sobrevivientes –luego asesinados o desaparecidos por la dictadura genocida–, y la lucha de los familiares de las víctimas, las organizaciones políticas y de derechos humanos fue la denuncia que, 50 años después, hizo que Bravo empezara a pagar por sus crímenes, incluso más allá de las fronteras argentinas. Seguiremos exigiendo justicia por las y los 30.000 detenidos desaparecidos, por todas las víctimas de los crímenes de Estado como los de Trelew, de los grupos parapoliciales en democracia como la Triple A, y el castigo a todos los culpables.

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