En las últimas horas se dio a conocer la sentencia del juzgado de garantías de Andalgalá respecto a la situación procesal de los compañeros detenidos por enfrentar la iniciativa de la minera Agua Rica en el pueblo. La fiscalía toma en bloque a los 12 compañeros y sin mostrar pruebas, en un plazo de cinco días, (del sábado de la movilización al jueves) los acusa de daños, violación de domicilio, estrago doloso, y hurto calificado, pidiendo que se mantenga la detención de los compañeros, algo a lo que el juez de garantías accede.

La acusación es un armado persecutorio para detener a los activistas de la asamblea y a quienes vienen impulsando la movilización antiminera. Lo prueba el hecho de que no se detiene en explicar ni intentar probar la participación de cada uno de ellos en los supuestos delitos, sino que da por hecho que, en bloque, los planificaron y los llevaron adelante. No muestra ninguna prueba que identifique a ninguno de los compañeros en las acciones supuestamente realizadas. No podría mostrarlas, dado que en algunos casos, ni siquiera estaban en el lugar de los hechos. La justicia actúa, por lo tanto, en base a un listado de activistas, con el objetivo de golpear y desarticular el movimiento anti minero. Una caza de brujas.

Por ello, la fiscalía deja abierta la acusación a futuros posibles detenidos, sosteniendo que fueron realizadas por los actuales detenidos “y otros miembros no individualizados aún por la investigación”. Esta forma de plantear el tema es totalmente funcional a la imposición de un estado de sitio virtual en el pueblo, en el cual se ha procedido a detenciones en las casas de compañeros, sin mostrar los pedidos judiciales de allanamiento, secuestrando teléfonos, amedrentando para imponer el miedo y quebrar la lucha del pueblo.

La frase apunta a dejar abierto el expediente para inculpar a cualquier otro compañero con el sólo argumento de que haya participado de la movilización. En la resolución del juzgado de garantías, a pedido de la fiscalía, se toman los supuestos delitos –que no han sido probados- para sostener que los compañeros, por su supuesta acción violenta, podrían entorpecer la investigación. La fiscalía plantea que las condenas no serían excarcelables, porque serían de entre 3 y 10 años de prisión. Con el argumento de la posibilidad de entorpecer la investigación, el juzgado de garantías resuelve mantener la detención de los compañeros, un argumento que puede servir para mantenerlos detenidos hasta el juicio.

Se trata de una falacia, porque no se toma ninguna acción que los compañeros hayan realizado contra el proceso judicial para evaluar la capacidad de poner en riesgo la investigación, sino la propia acción juzgada. Y de la participación de los compañeros en dichas acciones, para peor, no se presentan pruebas. O sea, no es un proceso judicial, sino una caza de brujas que tiene el objetivo de quebrar la lucha contra la minería en el pueblo, garantizar a fondo los derechos de la empresa y dar una señal al movimiento anti minero de todo el país.

La gravedad de esta situación es enorme, porque se pretende establecer un mecanismo judicial de prisión automática sin pruebas ni proceso para perseguir políticamente a los activistas antimineros.

Es sintomático que se toma el supuesto ataque al PJ de Andalgalá como argumento para las detenciones. La caza de brujas tiene la marca registrada del poder político de la provincia, que está puesto en función de darle vía libre a las mineras para avanzar en todo el territorio. Denunciamos esta política de persecución en favor del capital minero y el saqueo de la cordillera destruyendo el acceso al agua y la tierra para pueblos enteros. Es una versión agravada de la persecución contra activistas anti mega minería que ya se llevó adelante en Chubut y otras provincias.

Llamamos a movilizarnos en todo el país contra las detenciones, por la libertad y el desprocesamiento de los compañeros de Andalgalá. Libertad a Aldo Flores, Sara Fernandez, Ailén Saracho Diamante, Cesar Augusto Brizuela, Enzo Brizuela, Matías Paz, Walter Mansilla, Eduardo Villagra, Jorge Luis Ramos, Rubén Sachetti , Oscar Martiarene y Damián Abel.

https://www.instagram.com/p/CNkz5J9H7_z/?igshid=1rq26d534of2l

 

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/caza-de-brujas-y-militarizacion-en-andalgala/