Luis Chocobar, el policía que cobró notoriedad al asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, quien se encontraba desarmado, fue visto esta semana prestando tareas adicionales en el hospital Melo de Lanús, en Provincia de Buenos Aires.

La presencia de quien se transformó en un símbolo de la práctica del gatillo fácil fue repudiada por los trabajadores y los sindicatos del hospital. Tanto la seccional local de la Cicop (salud bonaerense) como la de ATE (estatales) emitieron sendos comunicados de rechazo a la presencia de Chocobar, reclamando que se lo retire del establecimiento.

En estos momentos, Chocobar se encuentra procesado, a la espera del comienzo del juicio oral en su contra. Su comienzo está previsto para el 9 de octubre, luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal en lo Criminal y Correccional rechazara el pedido de su abogado para que el policía sea juzgado por un jurado popular.

Chocobar, y el asesinato que cometió, fueron enaltecidos por el gobierno macrista y su ministra de seguridad Patricia Bullrich como un ejemplo de lo que sería un accionar policial correcto, prestándole al homicida un apoyo total por parte del Poder Ejecutivo, incluso recibiéndolo con honores. Con el cambio de gobierno, el accionar policial lejos está de haber cambiado. Solo durante la cuarentena han tenido lugar a manos de las fuerzas represivas tres desapariciones forzadas de personas y 113 muertes. El asesinato de Facundo Castro y la responsabilidad de la policía bonaerense en el mismo, junto con el rol protagónico que el gobierno de Axel Kicillof le otorga al ministro Sergio Berni, aparecen como los ejemplos más salientes de una política de Estado.

Chocobar no debe prestar tareas en ningún hospital; por el contrario, debe ser destituido. El plenario nacional antirrepresivo convocado por un amplio espectro de organizaciones de derechos humanos para el sábado 19 de septiembre es una gran instancia para organizar la lucha contra la represión por parte de las fuerzas estatales.