A poco de cumplirse seis años del crimen de Estado que se llevó la vida de Rafael Nahuel, finalmente se llevó adelante este martes 24 la medida ordenada por el Tribuna Oral Federal (TOF) de General Roca que consistió en inspeccionar el lugar donde, el 25 de noviembre de 2017, el Estado movió el aparato judicial y represivo al territorio recuperado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapuefectivos, y donde efectivos del grupo Albatros desataron una verdadera cacería en la montaña, matando al joven mapuche e hiriendo a dos integrantes más de la comunidad.

Hasta el lugar llegaron los jueces del TOF Andrés Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lavaca, junto a secretarios y demás personal, como así también lo hizo el Fiscal de Nación, Rafael Vehils Ruiz, y sus asistentes, los abogados querellantes de la APDH, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y parte de la defensa de los imputados. También estuvieron Johana Colhuan, prima de Rafita y una de las heridas en el operativo, Fausto Jones Huala y Lautaro Gonzáles Curruhuinca. Estos últimos los encargados de bajar hasta la vera de la ruta en una improvisada camilla el cuerpo agonizante de Rafael.

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Sergio García y Juan Obregón, dos de los Albatros imputados, participaron de la diligencia bajo un estricto operativo de seguridad que incluyó para ellos el uso de chalecos antibalas y el ingreso y egreso de lugar por una vía alternativa.

Para el fiscal de Nación, la medida “in situ” era sumamente necesaria para comprender, con el testimonio bajo juramento de las víctimas y sobrevivientes del brutal operativo, cómo y dónde se desarrollaron los hechos con la utilización de geo localizadores. El sector de la ruta 40 conocido como Villa Mascardi fue escenario una vez más de una fuerte militarización de cuerpos armados pertenecientes a fuerzas provinciales y federales que inevitablemente recordó a muchos de los presentes el operativo ordenado por la por entonces ministra de Seguridad del gobierno macrista, Patricia Bullrich. En un primer momento y por orden de la secretaría del TOF, los demás miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu no pudieron ingresar al territorio custodiado por un cordón policial, medida que caldeo los ánimos y obligó al personal judicial a deponer la restricción.

Para la querella, la medida fue sumamente positiva y necesaria, para los testigos de la comunidad fueron horas muy movilizantes. Johana Colhuan, relató muy conmovida en el lugar cómo fue herido de muerte su primo Rafael. En declaraciones a la prensa, Rubén Marigo de la APDH, expresó que, por la contundencia de los testimonios, se pudo tirar abajo la versión del enfrentamiento armado que sostienen los imputados. Tanto Johana como Fausto y Lautaro expresaron que los prefectos fueron errantes y contradictorios en sus intervenciones.

Aún restan algunas jornadas más de este juicio dónde se espera que los imputados amplíen su declaración y, para el día 22 de noviembre, la lectura de la sentencia que movilizará a las puertas del TOF a una importante cantidad de organizaciones sociales en acompañamiento y solidaridad.

Justicia para Rafael Nahuel.

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