Políticas
18/9/2026
Milei no va a defender la soberanía, quiere a los milicos para la represión
Usando a Malvinas como pretexto, el proyecto del gobierno le da más atribuciones a las Fuerzas Armadas y a la Side.
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El gobierno de Milei envió al Congreso su proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", bajo el cual, en nombre de una supuesta defensa de la causa Malvinas, introduce una serie de disposiciones que incrementan las potestades represivas y de inteligencia del Estado nacional, que atentan contra la libertad de expresión y la actividad política, e incluso habilita la introducción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
40 de los 133 artículos de la ley están referidos al régimen de recursos naturales, que prevén un conjunto de sanciones económicas y penas sobre empresas que exploten recursos del Atlántico sin autorización previa del gobierno argentino. La medida alcanza a socios y accionistas. Si fuera consecuente con esto, Milei tendría que sancionar a algunos amigos suyos como Marcos Galperín y Eduardo Elsztain, que tienen conexiones financieras y accionarias con Navitas, la petrolera israelí que interviene en el proyecto Sea Lion de Malvinas.
El Título II de la ley incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (CSN), basado en un organismo del gobierno de Estados Unidos que tiene un nombre similar y se encarga de asesorar a su presidente en materia de política exterior y seguridad nacional.
El CSN "soberanista" sería conducido por Milei, que viene operando literalmente como un títere de Trump; y estaría integrado por organismos como la Side, que tiene contratos con el trumpista Leonardo Scatturice; por Economía y Cancillería, cuyos capos, Luis Caputo y Pablo Quirno, son empleados de la banca Morgan; y por Defensa, cuyo ministro, Carlos Presti, viene promoviendo la compra de armamento yanqui y la participación de las FF.AA. en ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos.
¿Milicos para reprimir?
Mediante la modificación de la Ley de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas tendrían la atribución de intervenir en la defensa de "infraestructura crítica" como organismos vinculados a la salud o al funcionamiento general de la "sociedad". ¿Las quieren usar para reprimir a trabajadores que hacen huelgas y luchan contra el ajuste sobre la salud que impulsa el gobierno, como los del Garrahan? ¿Para reprimir trabajadores petroleros que hagan huelgas, o comunidades y otros sectores que hagan cortes de ruta afectando intereses capitalistas como los que atraviesan a Vaca Muerta?
La Side, además, podría ejercer investigaciones sin control judicial, cuando el gobierno viene de aumentar sus potestades y su presupuesto -también con la excusa de la "defensa" de las Islas. Incluso le da la facultad de establecer la política de inteligencia de las FF.AA. También se habilita a que el presidente pueda autorizar el derribo de aeronaves.
Asimismo, introduce un endurecimiento contra lo que considera "terrorismo", creando un "Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva". Para que alguien pueda verse incluido en el registro, alcanza con que existan "motivos razonables para sospechar".
Esto es grave teniendo en cuenta que el gobierno quiere encarcelar a luchadores como Milton y Eneas amparándose en la Ley Antiterrorista o ha catalogado como "sediciosos" a quienes se manifestaron en su momento contra la Ley Bases. Con el impulso de Trump y el Estado de Israel, Milei también busca aplicarla contra quienes se movilicen en defensa del pueblo palestino, que sufre el asedio genocida del gobierno sionista.
Alerta: detrás del proyecto de ley sobre Malvinas se esconde un ataque muy grave a las libertades democráticas y los derechos políticos. El gobierno pretende imponer penas de hasta 12 años de prisión a quienes “manipulen la opinión pública” con “campañas de desinformación…
— Gabriel Solano (@Solanopo) September 17, 2026
Contra la libertad de expresión
La ley estipula hasta 15 años de prisión contra quienes "manipulen la opinión pública" o "alteren procesos electorales" a través de "campañas de desinformación masiva" bajo "orden u financiamiento de organizaciones o Estados extranjeros". El gobierno se quiere arrogar la potestad de decidir qué opinión es válida o no, una tentativa en extremo autoritaria.
Habida cuenta del carácter amplio de las definiciones, constituye una herramienta para silenciar críticos e intimidar periodistas y opositores que cuestionen su rumbo, más allá de si están vinculados o no a algún medio extranjero o utilicen información de alguno de ellos para elaborar material crítico con el rumbo oficial.
Milei debería ir preso si se aprueba el proyecto de ley de soberanía sobre Malvinas. Establece condenas para la intervención extranjera en un proceso electoral. ¡Decime que intervención más grosera que la de Trump-Bessent el año pasado con 10.000 millones del Tesoro yanqui!
— Gabriel Solano (@Solanopo) September 17, 2026
A las calles a rechazar la política represiva del gobierno
La causa de Malvinas es usada por el gobierno para reforzar el espionaje y la represión contra la población en momentos en que se profundiza la crisis social y económica y aumenta el descontento de la población con su política de ajuste.
El gobierno hace gala de un nacionalismo trucho cuando es impulsor de una política de entrega en toda la línea de las riquezas del país a las grandes potencias capitalistas y a los empresarios asociados a ellas, y mientras oficia como un peón de Trump en la guerra comercial y apoya sus guerras contra los pueblos del mundo.
Este sábado, la Marcha de la Bronca será una oportunidad para rechazar esta política e impulsar una lucha hasta derrotar a Milei.
