Políticas
7/9/2026
Milei usa Malvinas como excusa para reforzar el aparato de espionaje
Millones para la Side mientras el ajuste descarga sus costos sobre los trabajadores.

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El gobierno de Javier Milei utiliza la sobreactuación sobre Malvinas para justificar una nueva reasignación millonaria hacia Defensa y, particularmente, hacia la Side, con un DNU que incorpora más de $217.000 millones para las Fuerzas Armadas y otros $30.519 millones para Inteligencia. Detrás de la retórica soberanista se fortalece un aparato estatal cuya función efectiva no pasa por recuperar las islas, sino por ampliar las capacidades de espionaje y represión interna.
El decreto fue publicado apenas días después de los anuncios presidenciales sobre Malvinas, donde el Ejecutivo nacional sostiene que la modificación responde a necesidades estratégicas y a la urgencia de fortalecer capacidades operativas. Pero mientras aparecen recursos extraordinarios para Defensa, inteligencia y otros organismos, se recortan partidas destinadas a la asistencia social, salud, vivienda, obras públicas y educación, entre otros.
Millones para el espionaje antiobrero
La Side recibirá exactamente $30.518.942.441 adicionales para su programa de “Información e Inteligencia”. Casi $19.614 millones están destinados a gastos de capital, fundamentalmente maquinaria y equipamiento informático y de oficina. También aparece un refuerzo de $50,75 millones para gastos reservados dentro del alistamiento operacional de la Armada.
No es la primera ampliación de los fondos de inteligencia durante este año, ya que el gobierno viene incrementando las partidas de la Side mientras mantiene bajo reserva una parte importante de su utilización. Para salarios, jubilaciones o asistencia social siempre hay que ajustar, mientras que para el aparato de inteligencia, los fondos aparecen por decreto. Una contradicción que salta a la luz y desenmascara los intereses de clase de este gobierno antiobrero.
El caso Scatturice pone de manifiesto la naturaleza reaccionaria del servicio de inteligencia nacional. La investigación sobre las diez valijas que ingresaron sin control aduanero en un vuelo privado vinculado al empresario terminó archivada por el juez Pablo Yadarola -juez implicado en las reuniones conspirativas en Lago Escondido y designado recientemente gracias al aval del peronismo-, aunque el propio fallo ordenó investigar posibles irregularidades de funcionarios aduaneros. Scatturice, además, aparece vinculado a una empresa que fue contratada por la Side para tareas de enlace en Estados Unidos.
El episodio expone el funcionamiento de una trama de relaciones entre inteligencia, negocios y poder político que está lejos de cualquier concepto de defensa nacional. La Side se ocupa de recolectar información, espionaje, operaciones políticas y vínculos con estructuras de poder al servicio del imperialismo y los negocios privados.

Rearme y represión interna
El otro componente del decreto es el refuerzo de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea concentran más de $206.000 millones mediante adelantos a proveedores y contratistas, mientras la Armada recibe otros $8.115 millones para su alistamiento operacional. El gobierno presenta estas partidas como “fortalecimiento de las capacidades de Defensa Nacional”, luego de que Milei “agitara la bandera nacionalista” al mejor estilo del dictador Galtieri.
El gobierno viene impulsando una redefinición del papel de las Fuerzas Armadas que contempla su participación en tareas de seguridad interior. El rearme, combinado con el crecimiento de la inteligencia y los fondos reservados, configura una orientación represiva contra la población trabajadora que ya muestra señales claras de hartazgo ante la crisis económica y el ajuste oficial.
La cuestión de Malvinas exige la defensa de la soberanía, el rechazo a la explotación colonial de los recursos y la ruptura con todo tipo de imperialismo, lo que lleva necesariamente a terminar con el gobierno de Milei, desmantelando, a su vez, la Side y sus cajas negras, el fortalecimiento del aparato represivo y rechazando cualquier utilización de las Fuerzas Armadas contra la población trabajadora.




