Por orden del gobernador Gerardo Morales, la Justicia jujeña ordenó allanamientos policiales en la sede del FOL en el barrio Alto Comedero y otros locales del MTR 12 de Abril, del Frente Popular Darío Santillán, del Movimiento Evita y el MTE, entre otras organizaciones. El gobierno de Jujuy busca intimidar con la fuerza represiva y criminalizar las luchas en la provincia.

Estos allanamientos se enmarcan en la campaña de ataque a las organizaciones piqueteras, que se convirtió en una política de Estado para tratar de desarmar al movimiento obrero ante el ajuste del gobierno y las ofensivas patronales. La avanzada de Morales coincide con los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández contra los planes sociales y para poner a los beneficiarios bajo control de los punteros de las intendencias y las gobernaciones, que se suman a la orientación de los Bullrich y Milei y las operaciones de los medios de comunicación para difamar y generar confusión.

Un día antes, fueron allanados en la Ciudad de Buenos Aires un comedor de la CCC, ubicado en el barrio de Saavedra y las viviendas de cinco miembros de esa organización, en el marco de la reactivación de una causa judicial armada en 2019 por el gobierno de Macri. En Mendoza y Neuquén son decenas los luchadores procesados por cortes de ruta.

Las organizaciones de los desocupados organizan un plan de lucha para reclamar por las necesidades de los barrios, que tendrá una próxima instancia el jueves 7, con asambleas y acciones frente a municipios y gobernaciones en todas las provincias del país. En Jujuy, como respuesta a estos nuevos atropellos, convocan para el mismo día a una conferencia de prensa en la Plaza Belgrano de San Salvador. Así como se logró con la liberación de Sebastián Copello y Jorge Chorolque, la contestación debe ser redoblar la movilización popular.

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