El lunes 5 y el sábado 10 de junio, en la ciudad de Laprida, se llevaron a cabo nuevas movilizaciones para pedir verdad y justicia por Daiana Abregú. Por un lado, el día 5/6 se marchó ya que en esa fecha se cumplió el primer aniversario del hecho. Por el otro, por la mañana del día 10/6 se realizó una nueva movilización frente a la comisaría, y, al mediodía, la marcha recorrió las calles céntricas de la ciudad, culminando en Plaza Pedro Pereyra. En esta última convocatoria confluyeron en la lucha familiares y amigxs de Daiana, que viajaron desde la ciudad de La Plata, junto con organizaciones de derechos humanos, activistas antirrepresivos y medios de comunicación comprometidos con el pedido de justicia. Allí estuvo también presente la militancia del Partido Obrero, que acompañó la medida de lucha.

Sin dudas, la movilización del sábado 10 fue de gran impacto y tuvo relevancia política por diferentes motivos. Uno de ellos fue la gran concurrencia de familiares de Daiana, que organizaron y llevaron a cabo un sentido reclamo de justicia. En esta línea, se realizó un piquete frente a la comisaria, con quema de neumáticos, pintadas y denuncias contra el accionar criminal y represor de la policía. A su vez, al mediodía, se llevó a cabo un corte de calles sobre la intersección de las dos avenidas principales de la ciudad.

Luego de las acciones de lucha que se realizaron frente a la comisaria, el comisario Juan Oscar Díaz, jefe de la Policía Comunal de Laprida, realizó una denuncia penal en contra de familiares de Daiana por supuestos “daños agravados y amenazas”. A través de esta causa judicial, se intenta amedrentar y criminalizar la lucha llevada adelante por la familia Abregú y el activismo político.

Párrafo aparte merecen los medios de comunicación lapridenses que, salvo contadas excepciones, desde hace tiempo levantaron una pared mediática en contra de las movilizaciones, y, en su mayoría, se negaron rotundamente a informar sobre las convocatorias e invisibilizaron totalmente la lucha. No han tenido la misma vara a la hora de dar crédito a las versiones policiales y a la difusión de sus gacetillas. Todo esto ocurre en un contexto donde recientemente salió a la luz que el municipio de Laprida gasta $30.000 diarios ($900.000 mensuales, $10.950.000 al año) en publicidad oficial en los medios locales, en una ciudad de menos de 13.000 habitantes. El silencio de los medios no es casualidad.

La muerte de Daiana

Daiana tenía 26 años. “Era una joven muy alegre, le gustaba salir, compartir momentos con amigues y jugar al fútbol los fines de semana junto a sus amigas”, señaló su mamá, María Laura Abregú. También le gustaba salir de paseo junto a su pequeño hijo, a quien soñaba con verlo crecer y contribuir para que él sea tan feliz como lo era ella.

Una noche como tantas otras, Daiana salió a divertirse, pero a la salida del boliche, en la madrugada del 5 de junio de 2022, fue detenida por la policía bonaerense por una “contravención”. Fue llevada a la comisaría donde estuvo detenida, alojada en un calabozo. Allí la humillaron, la golpearon y torturaron hasta matarla. Fueron cinco los policías responsables de su muerte, quienes, además, con la complicidad de la cúpula policial (luego desafectada), y de la Ayudantía Fiscal de Laprida a cargo de Christian Urlezaga, montaron una escena en la comisaría para hacer pasar el asesinato de Daiana como un supuesto suicidio.

Daiana era una persona llena de sueños y proyectos a la que le arrebataron injustamente la vida. El accionar criminal que tuvieron los efectivos policiales se intenta encubrir desde hace un año por el poder político y judicial. Tanto desde el gobierno municipal como del provincial jamás se cuestionó el accionar policial. En cambio, ante el repudio de la gente, los gobernantes se dedicaron a defender públicamente a la policía. Incluso, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pagó con el presupuesto estatal abogados defensores para los policías acusados. El intendente Pablo Torres, por su parte, en todo momento se desentendió de cualquier tipo de responsabilidad política ante lo sucedido, y, en un primer momento, no dudó en defender la versión del suicidio. Versión que no sólo encubre la verdad y exculpa a la policía, sino que también daña el honor y la memoria de Daiana.

Por otro lado, la Justicia hizo su parte realizando una primera autopsia trucha para ocultar lo ocurrido, reforzar la hipótesis del suicidio en la causa judicial y dejar libres a los policías responsables. Luego, cuando la causa ya había cambiado de fiscal, gracias a la movilización popular y a que la familia de Daiana nunca bajó los brazos, se logró la realización de una segunda autopsia que permitió refutar la versión del suicidio y lograr la detención de los cinco policías. Sin embargo, para liberar a los policías acusados, al fiscal Ignacio Calonge y a la Jueza de Garantías Fabiana San Román les bastó un informe preliminar de las dos autopsias (presentado mediáticamente como un supuesto informe final) solo firmado por la Policía Federal, sin ningún perito de parte presente. Sin dudas, lo ocurrido fue el intento de la Policía Federal, a cargo de Aníbal Fernández, de encubrir la verdad sobre lo ocurrido y favorecer a la Bonaerense.

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La lucha sigue

La causa judicial, que actualmente se encuentra en la etapa de instrucción, atraviesa momentos de gran importancia. Se aguarda por el informe de los peritos pertenecientes al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual podría incidir en la caratula de la causa cuando sea elevada a juicio.

El asesinato de Daiana en manos de la policía bonaerense no es un hecho aislado, tampoco fue un suceso trágico e imprevisto en “un pueblo tranquilo”. La muerte de Daiana es un crimen contra la juventud y contra la comunidad trabajadora lapridense en general, que desde el retorno de la democracia viene siendo sistemáticamente amedrentada y violentada por la fuerza policial. Prueba de ello son los numerosos testimonios, sobre todo de jóvenes, que se dieron a conocer luego de la muerte de Daiana, los cuales dan cuenta de incontables casos de abusos de autoridad, torturas y golpizas (dentro y fuera de las comisarias), cometidos por una policía que se cree “dueña de la ciudad”.

Sin dudas, el accionar policial forma parte de una política sistemática del Estado represor, que, lejos de “cuidar a la gente”, le garantiza impunidad a la policía para secuestrar, torturar y asesinar a nuestros seres queridos. Daiana Abregú fue otra víctima de las más de 8.700 personas asesinadas por las fuerzas represivas de la democracia argentina. No permitamos más estos atropellos contra nuestras vidas, ni en Laprida, ni en ninguna otra parte.

Para que este crimen no quede impune es necesario seguir impulsando esta lucha y ser muchos en las calles pidiendo verdad y justicia por Daiana Soledad Abregú. Será muy importante la presencia de familiares y amigxs de Daiana en el plenario de la izquierda y los luchadores, que tendrá lugar este sábado 17 de junio en la Plaza del Congreso, en el que se discutirán estos problemas.

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