La Justicia ordenó reabrir la causa por el ataque de Montoneros al comedor de la Policía Federal

Busca equiparar el accionar del Estado con el de un grupo guerrillero.

Ataque al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal

La Cámara Federal porteña ordenó que la jueza María Servini reabra el expediente donde se investigó el ataque de la agrupación Montoneros al comedor de la Policía Federal, el 2 de julio de 1976. La Cámara declaró la nulidad de la resolución en la que los acusados habían sido sobreseídos, entre ellos Horacio Verbitsky y Mario Firmenich.

La causa investigó el atentado donde un poderoso artefacto explotó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal. Los camaristas pidieron que se analice si corresponde encuadrar los hechos como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, o en su caso resolver si se inicia un juicio.

Este accionar por parte de la justicia consiste en presentar al golpe de Estado como el resultado de un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y los grupos guerrilleros, en particular Montoneros y el ERP, desempolvando la teoría de los dos demonios. Equiparar el accionar de un grupo guerrillero con el accionar del Estado, que posee el monopolio de las armas y tiene bajo su control a las fuerzas represivas, es un planteo que sugiere una igualdad de condiciones inexistentes buscando exculpar y justificar al Estado por el genocidio cometido durante la última dictadura..

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) argumentan que “la acción de Montoneros podría haber sido investigada en su momento por la justicia penal. Eso no fue así porque el Estado, en lugar de este camino, eligió un método clandestino de represión y exterminio, cuyas consecuencias todos conocemos” (Clarín, 9/6)

Además, la jurisprudencia nacional e internacional solo admite como delitos de lesa humanidad a aquellos crímenes que son cometidos por el Estado o con su apoyo, y los hace imprescriptibles e imperdonables. Pero, como bien sabemos, las resoluciones del poder judicial no son inocuas, buscan reinstalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad, sobre todo hoy con el crecimiento de sectores políticos de derecha que reivindican el accionar del Estado argentino durante los años ’70, como los liberfachos o Patricia Bullrich.

La ligazón, e incluso empatía, con los genocidas ha estado presente, de una u otra manera, en todos los gobiernos constitucionales desde el 83 a esta parte. Raúl Alfonsín con “el punto final” y la “obediencia debida”, Menem con los indultos, Cristina Kirchner poniendo al genocida Milani al mando del ejército y Macri con el beneficio del 2×1. También con domiciliarias, permisos de salida y con la garantía de impunidad hacia muchos genocidas que aún no han sido procesados, sobre todo del sector civil que también fue parte del golpe, como los medios de comunicación, los grandes grupos económicos y los partidos políticos tradicionales.

En esta sintonía es que se aplicó el último fallo, por parte de la Cámara de Casación Penal, que benefició con la prisión domiciliaria a tres represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, entre los que se encuentra Miguel Etchecolatz, el multicondenado represor.

Seguiremos exigiendo justicia por las y los 30.000 detenidos desaparecidos y el castigo a todos los culpables. Los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos bajo estricta tutela del Estado y sus instituciones, y continúan siendo perpetrados por el pacto de silencio que hicieron los genocidas.