Libertades democráticas
14/2/2025
La Justicia rechazó la demanda contra el Partido Obrero y el FIT-U por las manifestaciones de diciembre de 2017
Revés judicial al intento del gobierno porteño de prohibir las manifestaciones.
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Manifestación diciembre 2017.
Las Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la demanda por daño y perjuicios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Partido Obrero y el Frente de Izquierda por la movilización de diciembre del 2017 contra la reforma antijubilatoria del gobierno de Mauricio Macri. Se trata de una importante victoria para las libertades democráticas y el derecho a manifestación, contra quienes buscan suprimir el derecho de la población a salir a las calles contra las políticas de ajuste.
La noticia fue difundida por la abogada de Apel y patrocinante legal del Partido Obrero, Liliana Alaniz, quien difundió en sus redes sociales los alcances del fallo de la Justicia porteña y las principales conquistas del mismo.
Como señala Alaniz, la demanda del gobierno del gobierno de la ciudad “buscaba otra forma de prohibir la protesta social”, en un contexto donde más de 300.000 personas movilizaron y concentraron ante el Congreso de la Nación para rechazar la aprobación de una reforma jubilatoria confiscatoria, impulsada por el entonces gobierno de Mauricio Macri.
El gobierno buscó introducir la figura de una supuesta “responsabilidad colectiva por hecho anónimo y por hecho de grupo” con el fin de intentar responsabilizar económicamente a determinados grupos y organizaciones sociales y políticas, entre ellas al Partido Obrero.
El juez Gallardo, obrante en la causa, rechazó de plano esta teoría señalando que “La introducción de una teoría de responsabilidad colectiva por hecho anónimo y por hecho de grupo genera legítimas inquietudes respecto a la protección del derecho de protesta, reunión, asociación y petición a las autoridades y tiene la potencialidad de erosionar los fundamentos democráticos de la república y los derechos humanos”.
En sus considerandos, el juez agregó que “la responsabilidad colectiva establecida en los artículos 1761 y 1762 CCyCN puede interpretarse como una forma de prohibición indirecta de la protesta social”. El juez, a instancias de la defensa, también atacó la ambigüedad de las definiciones de “grupo” y “actividad peligrosa”, poniendo de manifiesto la arbitrariedad del gobierno porteño para seleccionar a los demandados.
La demanda que ahora es objeto de rechazo por parte de la Justicia fue parte fundamental de toda una campaña mediática contra las organizaciones piqueteras y partidos políticos de izquierda –similar a la que replica actualmente el gobierno contra el Polo Obrero-, con informes televisivos y fake news que buscaron moldear a la opinión pública en contra de las organizaciones de los trabajadores y su acción política.
Esta orientación es la que ahora emprende a fondo el gobierno nacional atacando al Polo Obrero, valiéndose de una causa trucha –armada a imagen y semejanza de los deseos de la fiscalía- para montar todo tipo de operaciones mediáticas y desalentar la organización independiente y acción directa de los trabajadores. Algo que ha quedado desenmascarado recientemente con las filtraciones del fiscal Pollicita a la prensa oficialista.
Celebramos este triunfo en la defensa de las libertades democráticas y del derecho constitucional de manifestación contra los ataques de las fuerzas políticas de actualmente actúan como aliados de un gobierno nacional que, a su vez, replica estos mismos métodos contra los trabajadores. A ellos también los derrotaremos con la movilización popular.
