Fue represor y jefe de represores desde los años 60 hasta setiembre de 1979, cuando con otros compinches del “ala dura” (Emilio Massera, Santiago Riveros, Ramón Díaz Bessone y Guillermo Suárez Mason y otros) se levantó contra la dupla Jorge Videla-Roberto Viola por sus diferencias mafiosas respecto de la “salida política” que ya en ese año buena parte de la burguesía consideraba indispensable.

Desde que se instauró la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966, Luciano Benjamín Menéndez –miembro de una familia con un linaje de criminales (recuérdese el Benjamín Menéndez que intentó golpear contra Perón en 1951), sirvió a todas las dictaduras y gobiernos civiles que la sucedieron. Una de sus diferencias con Videla, dicho sea al pasar, fue la guerra frustrada contra Chile en 1979, de la que Menéndez fue partidario acérrimo (“nos vamos a lavar las bolas en el Pacífico”, fue su arenga a los soldados poco antes de la invasión que finalmente no se produjo).

En 1975 la presidenta María Estela Martínez (“Isabel”), lo puso al frente del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, donde ya formaba parte del “Comando Libertadores de América” (la “triple A”) desde febrero de 1974, cuando por cuenta del general Perón un ignoto coronel, el jefe de policía Antonio Navarro, derrocó por la fuerza al gobernador, Ricardo Obregón Cano, y a su vice, Atilio López, para permitir que el gobierno central interviniera la provincia y comenzara una represión estatal y paraestatal en toda la línea.

A partir del golpe del 24 de marzo de 1976 la represión –que Menéndez ya conducía por encima de Navarro y la gobernación farsesca instalada por Isabel Perón– y las actividades represivas del III Cuerpo comenzaron a centralizarse en el centro clandestino de detención y exterminio llamado “La Perla”, donde se cometieron miles de desapariciones, torturas y asesinatos.

Menéndez tuvo entonces muchos amigos civiles. Uno de ellos fue el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien jamás se tomó la molestia de explicar el tipo de vínculo que tuvo con el genocida, o el ex gobernador José Manuel de la Sota, que compartió con él actos y palcos.

Asesino, entre otros, del obispo Enrique Angelelli, fue condenado por 139 casos de homicidio y al momento de su muerte estaba imputado por otros 800. Fue el militar con mayor cantidad de condenas a prisión perpetua de la historia argentina. Como resumen de la impunidad, la muerte lo encontró cumpliendo “prisión domiciliaria”. 

Pero con él no ha “muerto la muerte”, como alguien dijo. Continúan impunes tantos otros –tanto militares como sus cómplices civiles y clericales. 

El gobierno impulsa una política de impunidad con el propósito de reinsertar a las fuerzas armadas en la seguridad interna. A modo de despedida, sin ir más lejos, su amigo el ministro Aguad le tomó juramento al nuevo jefe del Ejército en un acto que contó con la presencia de los familiares de los genocidas.

Ayer y hoy, 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, ¡presente!

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