La política de mano dura del gobierno de la Ciudad fracasó

La intervención de Gabriel Solano en la novena jornada de rondas presupuestarias, con el ministro de seguridad de CABA, Waldo Wolff

Corresponsal.

La Legislatura porteña tuvo una nueva jornada de exposición de ministros en relación al presupuesto enviado por el gobierno de la Ciudad. En este caso tuvo lugar la intervención del Ministerio de Seguridad, Waldo Wolff. 

El funcionario ensalzó la política represiva del ejecutivo porteño, en un espacio urbano cuyo principal problema, planteó el ministro, era el “colapso de piquetes y acampes”. 

Wolff endilgó los problemas de su accionar al gobierno nacional anterior (y casi no al actual) y dedicó una parte de su intervención a vincular, sin muchos datos precisos, a la actividad delictiva con las personas de menor edad y de procedencia extranjera. Su ministerio, con cerca del 16% de la partida total, es uno de los más financiados por parte del gobierno de Jorge Macri. 

“Le anticipo que nosotros no lo vamos acompañar”, respondió Gabriel Solano desde la bancada del PO-FITU, ante la interpelación de Wolf para que los legisladores apoyen su política represiva. “Su política de seguridad de CABA se opone por el vértice a lo que consideramos”, planteó, dejando en claro que las prioridades para el gobierno de la Ciudad debieran ser materias como educación y salud, y no la represión. 

“El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, en un centro especial de la política represiva del gobierno nacional”. Solano indagó al ministro, sin obtener respuesta precisa, sobre si lo que hace la cartera de Patricia Bullrich en la ciudad cuenta o no con la anuencia del ejecutivo porteño. “Tenemos a la policía que usted conduce haciendo lo mismo que Bullrich. Es un amor no correspondido porque ustedes aceptan sus pedidos pero ella no (en relación al traslado de presos federales)”, planteó el legislador, y agregó: “La gendarmería está en el Congreso. Tendría que estar en el límite del país evitando que entre la droga. No hay avionetas que aterricen en la 9 de julio”. 

Solano planteó, además, que en cualquier ciudad, pero más en una que tiene un millón de pobres, habría que saber cuáles son los costos promedio para los operativos represivos. No obtuvo respuesta del hecho. Marcó, además, que las protestas en la ciudad se deben a que es el centro político del país. “Si alguien protesta contra el gobierno nacional, ¿dónde lo va a hacer?”. Pero, más allá de eso, Solano dejó planteado el derecho a la protesta a nivel general. En ese sentido, pidió explicaciones sobre las motos con patentes del gobierno porteño que realizaron, con personal vestido de civil, provocaciones en las clases públicas de la Facultad de Psicología (UBA). Wolff no respondió más que un “haga la denuncia”, algo ya hecho, por cierto. 

Solano le reprochó a Wolff el lenguaje que utilizan para referirse a la gente en situación de calle, usando términos como “ranchada” o “limpieza”, en el caso de los operativos de represión para “liberar espacio público” (como si alguien quisiera vivir en la calle). Wolff no hizo alusión más que a eufemismos sobre el código contravencional, sin presentar si el gobierno tiene una salida. Tampoco se refirió al Protocolo de Salud Mental. En un país que tiene cada vez más indigentes, la salida son solo las balas. 

El legislador del PO FIT-U le marcó a Wolff que, en un discurso lleno de nombres propios, no hizo alusión a Lucas González. “Silencios que suenan fuerte”, dijo Solano, que dejó en claro que si se condena a tres comisarios y un subcomisario no hay una excepción: “Es un modus operandi”. 

Solano rechazó la Ley de Régimen Penal Juvenil por criminalizar a un sector de la sociedad cuya incidencia en los delitos graves es sumamente menor. También pidió explicaciones por las llamadas cárceles container, a lo que el ministro excusó la existencia de muchos presos. 

Wolff no hizo alusión a las implicancias de la Ley de Reiterancia, votada recientemente por la Legislatura. Solano también denunció la situación que viven los manteros de la Ciudad, obligados a trabajar de forma precarizada y encima reprimidos por el gobierno, que jamás presentó una salida. 

“Si uno tuviera una mirada más amplia en política de seguridad podría inferir que se han construido muchísimas cárceles, se han llenado en tiempo récord, no ha solucionado el tema de la seguridad. La salida de mano dura y más policía fracasó. Cuando acá se dice que un pibe cometió muchos delitos en  tiempo récord uno se pregunta, ¿Qué hizo el gobierno? ¿Fue un asistente social? ¿o la solución es solo meterlo preso?”. La pregunta, en este caso, se respondió sola.

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Vení con el Partido Obrero y los que enfrentan a este gobierno y sus cómplices. –
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