La segunda desaparición de Julio López, o la continuidad del aparato represivo de la dictadura

La Policía Bonaerense, los juicios a los genocidas y el encubrimiento oficial desde los K hasta hoy.

Jorge Julio López.

El entramado represivo desplegado por la dictadura militar se apoyó en gran medida en las instituciones del Estado, en policías, jueces, gobernantes, obispos y una amplia gama de funcionarios que seguirían en funciones mucho tiempo después de la vuelta de la democracia, al igual que siguen vigentes numerosas leyes. La segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, perpetrada el 18 de septiembre de 2006 en el marco de un juicio a los genocidas, mostró que estos sectores seguían actuando en complicidad con el aparato represivo, en particular con la Policía Bonaerense.

Julio López fue un militante peronista ligado a Montoneros y albañil de profesión. Un grupo de tareas de la Policía Bonaerense liderado por Miguel Etchecolatz, quien dirigió 21 centros clandestinos de detención del Circuito Camps -que incluyó el uso de comisarías y distintas dependencias policiales- en la provincia de Buenos Aires, lo secuestró durante una noche de octubre en el año 1976.

En los cuatro centros por los que pasó sufrió torturas y fue testigo de varios asesinatos, entre ellos los de dos de sus compañeros de militancia: Ambrosio Francisco de Marco y Patricia Dell'Orto. Julio será liberado en junio de 1979.

Las políticas de impunidad impulsadas por el gobierno de Raúl Alfonsín (Punto Final y Obediencia Debida) y por el de Carlos Menem (indultos) supusieron un escollo a la hora de investigar a los responsables políticos y materiales de su secuestro.

Bajo el menemismo, Julio fue impulsor, junto a víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos de los Juicios por la Verdad, un procedimiento judicial -sin efectos penales- para impulsar la pelea por el castigo a los genocidas. En el que tuvo lugar en La Plata, declaró ante jueces de la Cámara Federal de Apelaciones.

En septiembre de 2006, mientras se dirigía a la lectura de los alegatos y de la sentencia contra Etchecolatz, desapareció. El testimonio de Julio fue clave para conseguir la prisión perpetua contra este criminal, primer condenado con la figura jurídica de genocidio y primer torturador llevado a juicio tras la derogación de las leyes de impunidad alfonsinistas.

Las sospechas cayeron inmediatamente sobre Etchecolatz y la Bonaerense, pues miles de funcionarios que operaron en su seno en el marco de la dictadura continuaron haciéndolo bajo la democracia. En 2014, mientras se leía una sentencia en su contra, exhibió un papel con el nombre de López y la palabra "secuestrar".

Cabe destacar que la vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, apareció en su momento como contacto en el cuaderno que Etchecolatz preparó para defenderse en el primer juicio por su participación en la dictadura.

Los allanamientos realizados en el penal de Marcos Paz luego de la desaparición de López, donde estaba detenido Etchecolatz junto a otros 40 represores, mostraron que los genocidas contaban con un trato privilegiado: manejaban líneas telefónicas internas sin ningún tipo de monitoreo o registro, tenían acceso a internet y las personas que los visitaban ingresaban a la cárcel sin requisa previa.

Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022, sin decir dónde están numerosos trabajadores desaparecidos y niños apropiados.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner montaron un cerrado operativo de encubrimiento de la desaparición. En las casi dos décadas transcurridas desde la segunda desaparición de Julio López, la causa no avanzó un paso. Ni siquiera indagaron a los genocidas denunciados por él ni investigaron las complicidades de la Bonaerense.

Los gobiernos kirchneristas, que pretendieron mostrarse embanderados en la lucha por los derechos humanos, nunca mencionaron el nombre del compañero. Esta demagogia fue explotada por un personaje ultrarreaccionario como Milei, con su discurso negacionista.

El 24 de marzo tenemos que copar las calles contra la impunidad de ayer y de hoy, por la cárcel común, efectiva y perpetua para todos los genocidas, por la apertura de los archivos, por Jorge Julio López, y contra la agenda negacionista, pro genocidas, represora y ajustadora del gobierno de Milei.

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