El viernes pasado, el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk (Frente de Todos), anunció que desde la provincia se abrió la licitación para la construcción de una Alcaldía en Escobar. Recordemos que el gobernador Axel Kicillof, el año pasado anunció el avance del plan de infraestructura penitenciaria, que consiste en la finalización y construcción de Alcaldías para intentar descomprimir el hacinamiento en que se encuentran las personas detenidas en provincia de Buenos Aires, así se sumarian 1.350 plazas a las ya existentes.

El predio para la construcción es un terreno de una hectárea y media al lado del cementerio, ya que el lugar original, sobre la ruta 26, entre Escobar y Tigre se desestimó por el repudio que generó entre los vecinos al tratarse de una zona de humedal.

El intendente sostiene que la Alcaldía redundará en un mejoramiento de la seguridad en el distrito ya que al trasladar los presos que hoy se encuentran en comisarías bajo la custodia de la policía, se liberarían efectivos para patrullar las calles. Este razonamiento es un engaño. Abarrotar las calles de policías no sirve para mejorar la seguridad y esto es algo de lo que los propios vecinos pueden dar cuenta (tengamos también presente que la ONU recomienda poco menos de 300 policías cada 100 mil habitantes y la Argentina tiene casi 600 cada 100 mil, porcentaje que es aún mayor en nuestra provincia).

Las declaraciones que Sujarchuk hizo hace algunas semanas sobre la disminución de la tasa de delitos en el 2020 también aportan a la confusión, ya que la disminución de los delitos en dicho periodo tiene que ver con el decreto del ASPO y no con políticas apropiadas en materia de lucha contra el delito.

El reforzamiento del aparato represivo, es decir la inversión de recursos en más uniformados en las calles, no contribuyó ni lo hará en disminuir la delincuencia sufrida por los trabajadores porque estructuralmente forma parte de la misma. Pero si es fundamental la presencia policial para hostigar a nuestros jóvenes en los barrios y disciplinar a la población en general

Por otra parte, y en esto Sujarchuk encaja perfectamente dentro de la impostura progresista, en utilizar el argumento de “garantizar las buenas condiciones de detención” para, en realidad, avalar la construcción de más cárceles. Es ni más ni menos que tomar uno de los reclamos de los organismos de DD.HH. y familiares de presos y tergiversarlos, ya que lo que debe ponerse en el centro del debate es el abuso del recurso de la prisión preventiva por parte de la justicia y los altos porcentajes de personas que pasan años encerradas estando procesadas, es decir siendo inocentes . Esta más que comprobado que gastar millones de pesos en ampliar el Servicio Penitenciario, dinero que por otra parte proviene de organismos internacionales de crédito aumentando el endeudamiento, está lejos de garantizar derechos.

Sin ir más lejos de los pocos hospitales modulares que se instalaron en unidades penitenciarias en el marco del plan de infraestructura penitenciaria y en plena pandemia aún no están en funcionamiento.

Otro de los dichos en los que Sujarchuk falta a la verdad es plantear que la Alcaldía será entre 4 y 5 veces más chica que una cárcel. De hecho, la última cárcel inaugurada es la 57 de Campana, obra iniciada por Scioli y finalizada por Vidal en 2019, tiene 600 plazas, es decir apenas el doble de las plazas proyectadas para la Alcaldía de Escobar. También es necesario poner de relieve que todos los lugares de detención alojan muchas más personas de las que tienen capacidad, en el Servicio Penitenciario Bonaerense esta situación es aún peor habiendo más del doble de las personas detenidas que plazas disponibles y la mitad aproximadamente en calidad de procesados. Esta última situación de personas que están detenidas a la espera de un juicio también desmiente el latiguillo de la “Puerta Giratoria”, de la que el intendente se hace eco.

Un elemento que debemos conocer sobre la vulneración de derechos de los presos en Alcaldías es que al estar teóricamente concebido como un lugar de paso no son sede de servicios educativos propios, por lo que de mínima se vulnera el derecho a la educación, esto claro, como un elemento inicial de la larga cadena de vulneración de derechos que sufren las personas detenidas.

Desde el Partido Obrero rechazamos la construcción de más cárceles y Alcaldías, no porque avalemos el hacinamiento de presos en cárceles y comisarias sino porque no consideramos que la ampliación de la red carcelaria sea la salida. La construcción de centros de detención y tortura donde se viola desde el minuto cero la propia ley de ejecución penal no sirve para mejorar nuestra vida como sociedad ni mucho menos para resocializar a las personas que ahí se alojan. El Estado allí viola los derechos más básicos, lejos están las personas de salir mejores y reincorporarse a la sociedad de una mejor manera.

Si lo que preocupa son las condiciones de detención, se tiene que garantizar en las propias cárceles condiciones dignas controladas por los organismos de DD.HH. Si lo que preocupa es el delito, lo que habría que impusar es el desmantelamiento de la cúpula de la policía Bonaerense y las camarillas judiciales, que están totalmente implicadas en el crimen organizado. Si lo que preocupan son las condiciones sociales, hay destinar recursos a políticas sociales y no de seguridad, mayor presupuesto en salud, generación de dispositivos públicos y laicos de tratamiento para las adicciones, inversión real en educación, planes de obras públicas que generen puestos de trabajo etc.

En Escobar al igual que en toda la provincia se cambia el eje del debate vendiendo soluciones que ya se ha demostrado no sirven. Somos los trabadores en nuestros barrios quienes más sufrimos las consecuencias de la descomposición social producto de la miseria social y solo nosotros podremos plantear una salida de fondo.