El domingo se cumple un año del hallazgo del cuerpo sin vida de Facundo Astudillo Castro. El 15 de agosto de 2020 fue encontrado su cuerpo en un cangrejal en la localidad de Cerri, confirmándose posteriormente que su muerte fue producida por asfixia por sumersión, y toda la responsabilidad se cierra sobre la Policía Bonaerense. El gobierno nacional puso todos los recursos al servicio del encubrimiento de la Bonaerense en el caso, no en la búsqueda de Facundo y de juicio y castigo a los responsables de su muerte; pero veremos que no es un caso aislado.

Tan solo durante 2021 y bajo pandemia, se computa una muerte cada 20 horas en manos de las fuerzas de seguridad, bajo distintas modalidades: desapariciones seguidas de muerte, gatillo fácil, muertes en cárceles, en comisarías o bajo custodia. Más de estas 100 muertes en manos de las fuerzas represivas fueron efectuadas por la Bonaerense comandada por Sergio Berni, el ministro de Seguridad provincial.

El accionar de las fuerzas de seguridad no se puede escindir del Estado al que representa. El gobierno de Alberto Fernández ha profundizado una orientación represiva, de amedrentamiento y persecución a la juventud. El gobierno de Axel Kicillof en la provincia ni siquiera amagó con desplazar a Sergio Berni,  el ministro que repite la doctrina Chocobar y agita el uso de las Taser y la picana eléctrica; que todos los días le dice a la policía que actúe y que intervenga con manos libres.

La polémica con el uso de las Taser volvió a flote luego de que la Bonaerense le disparara en el abdomen al músico Chano Charpentier. Inmediatamente, todo el arco político patronal salió a defender el uso de este elemento de tortura: desde el propio Berni, que avaló la versión trucha de la Bonaerense, pasando por el candidato “progresista” Leandro Santoro del Frente de Todos en CABA, hasta la exministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich. Es decir, todos sostienen como salida un mayor reforzamiento represivo. Solamente los referentes del Frente de Izquierda – Unidad se pararon en la vereda contraria a la represión.

Una política represiva en todo el país

Los casos de gatillo fácil, represión y criminalización recorren todas las regiones del país. El caso Lito Costilla en La Plata es sólo un ejemplo. Los testigos y las pericias dan cuenta de que a Lito le propinaron una golpiza hasta provocarle la muerte, pero un operativo de impunidad fue montado desde el momento mismo del hecho por la Policía Local para simular un accidente vial y eximir a los agentes Damián Antonio Aquino, Mauricio Rodríguez Medina y Sergio Ceferino Martínez. La causa judicial sigue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, cuando la familia exige que se cambie a “homicidio con dolo eventual” para iniciar un procesar a los efectivos policiales -a los cuales, luego de una suspensión, pretenden reincorporar en sus cargos dentro de la fuerza (Prensa Obrera, 7/4). La presión ejercida por la movilización popular en el distrito hizo que el fiscal intervenga para acelerar el proceso del peritaje pendiente que paraliza la causa, y que permitiría avanzar en el cambio de carátula. Los vecinos, amigos y familiares continúan luchando contra la impunidad.

En la provincia de Formosa, la policía asesinó a dos personas en menos de un mes. Primero, a un adolescente de 16 años en San José Obrero, ciudad de la capital. Luego, a Fátima Belén, una joven trans de 26 años del barrio de Guadalupe. La familia de Fátima denuncia que la mataron a golpes en la comisaría, y en ambos casos la policía contó con el encubrimiento del gobierno de Gildo Insfrán, avalando teorías falsas. El accionar criminal de las fuerzas en la provincia es usual. Solo vale recordar la represión y encarcelamiento de manifestantes en el mes de marzo, que contó con el aval de Alberto Fernández, que visitó al gobernador personalmente, y el secretario de DD.HH. nacional Horacio Pietragalla.

También durante la cuarentena, la policía cordobesa asesinó a Blas Correas, de 17 años. La movilización que se realizó el 6 de agosto, cumplido un año de su asesinato, puso de relieve la lucha contra otros casos de gatillo fácil que siguen impunes en la provincia: Joaquín Paredes, José Ávila, Franco Amaya, Lucas Funes, Facundo Ribera Alegre.

Sus familiares estuvieron presentes en la movilización reclamando justicia por lxs pibes y apuntaron a las responsabilidades políticas y judiciales. ‘‘No queremos más impunidad’’, fue uno de los denominadores comunes de la protesta (Prensa Obrera, 8/8).

La persecución policial a familiares y testigos es moneda corriente en los casos de gatillo fácil. Estamos realmente ante una política de Estado. A pesar de que Alberto Fernández derogó el protocolo dictado por Patricia Bullrich para el uso de armas de fuego, que habilitaba a los agentes a disparar para impedir una fuga, lo cierto es que la “doctrina Chocobar” sigue vigente y con el fallo contra este policía fue “revalidada en los hechos”.

La institución de la “maldita policía” aparece como una amenaza para los jóvenes en los barrios, los trabajadores y los luchadores, y cuenta con la protección política del gobierno de turno, que ha dejado intacto este aparato corrupto, encubriendo su accionar criminal. El gobierno de Alberto Fernández ha profundizado una orientación represiva, y se vale de las fuerzas para acentuar el amedrentamiento y persecución a la juventud, de violencia y revictimización hacia las mujeres, porque agrava el hambre y la miseria de la población para ajustar el gasto en función de pagarle la deuda al FMI.

Al revés de lo que el Frente de Todos prometió durante la campaña electoral de 2019 (“escapar a la lógica del gatillo fácil y de justificar los tiros por la espalda”), ahora que gobiernan ajustando, en plena crisis económica y social, vemos cuál es su accionar real. Se sirven sistemáticamente de una fuerza íntimamente entrelazada con el narcotráfico y la trata de personas, promotora de todo tipo de actividades delictivas, recibiendo los funcionarios una tajada de los negociados regenteados por la policía.

La lucha por justicia por todas las víctimas de gatillo fácil, represión y persecución policial queda en el campo del Frente de Izquierda Unidad y las organizaciones políticas, sociales y de DD.HH. independientes de todos los gobiernos.  Estas luchas estuvieron presentes en la única convocatoria de movilización este último 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, en cada manifestación por justicia y en nuestro programa de cara a estas elecciones.

Planteamos: basta de gatillo fácil, profundizar la lucha por el Fuera Berni, justicia por todas las víctimas y castigo a todos los culpables materiales y políticos y los encubridores. Contra el manto de impunidad que protege a Berni y los represores, abajo la represión y persecución de lxs trabajadores y la juventud como política de Estado.