La visita de los diputados de LLA a los represores, un salto en la provocación progenocida del gobierno

Repudio total.

Collage de Prensa Obrera

Cinco diputados de La Libertad Avanza organizaron una comitiva para ir a reunirse con genocidas de la última dictadura militar al penal de Ezeiza. Esa visita institucional, inédita desde el regreso de la democracia, constituye una afrenta a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, a todo el movimiento de lucha por los Derechos Humanos y al pueblo en general. El gobierno hace cada vez más explícita su intención de darles impunidad a los represores.

El encuentro fue organizado por el diputado oficialista Beltrán Benedit y se sumaron Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, pertenecientes al mismo bloque. Si bien el presidente de la Cámara, Martín Menem, se desentendió de esa actividad, es evidente que estaba al tanto de la misma puesto que “ese jueves a media mañana Sharif Menem, secretario de Martín, pidió el listado de diputados que iban a ir” (La política online, 17/7).

Visitaron a una amplia lista de genocidas: Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el “Pájaro” Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario “el Cura” Marcote, Miguel Ángel Britos y Adolfo Donda. Todos ellos condenados por crímenes de lesa humanidad, razón por la cual la Justicia les ha rechazado cada solicitud de prisión domiciliaria aunque superen los 70 años de edad.

Todos ellos, autores y partícipes de un plan sistemático de secuestros, torturas, asesinatos, violaciones, robo de bebés y desapariciones forzadas, son presentados por Benedit como “excombatientes contra la subversión marxista” (Ídem). Se trata de un salto en el negacionismo promovido desde el gobierno de Milei, que hasta el momento no se atrevía a reivindicar abiertamente la dictadura, sino que se ceñía a hablar de “excesos” por parte de los militares en un intento de reponer la teoría de los dos demonios. Lógicamente que la defensa de los genocidas estaba implícita con la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien otrora había visitado a Videla en la cárcel y tenía vínculos con Etchecolatz.

La reunión con Astiz y compañía reviste una nueva provocación del oficialismo contra el conjunto de los trabajadores y víctimas del genocidio, en sintonía con aquella montada durante el Día de la Independencia, donde 7.000 integrantes de las Fuerzas Armadas desfilaron por las calles de la ciudad de Buenos Aires, entre los cuales se encontraban uniformados que habían torturado a “los pibes de Malvinas”. Semejante despliegue envalentonó a los defensores de la dictadura, a tal punto que hubo una procesión de autos Ford Falcon vedes por Avenida Cabildo.

Esos episodios, sumado a la decisión gubernamental de proceder a un desmantelamiento de los Sitios de Memoria, apuntan a sellar un pacto de impunidad con genocidas del golpe del ´76, en función de ofrendarle una carta blanca a los militares del presente y así volver a adjudicarles a las Fuerzas Armadas la tarea de reprimir al pueblo que lucha. Se trata de un objetivo clave para un gobierno empeñado en destruir las condiciones de vida de la población trabajadora.

En ese sentido viene protagonizando un ataque en regla contra las libertades democráticas, reprimiendo las movilizaciones, encarcelando luchadores e ilegalizando el derecho a huelga por medio de la Ley Bases. Quiere llevar adelante un cambio de régimen político para hacer pasar sus planes antiobreros.

La organización popular que luchó incansablemente para llevar a la cárcel a los represores debe retomar el camino de la movilización en contra de un nuevo intento de exonerarlos por parte del poder político. Hay que volver a demostrar en las calles que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos; los 30.000 están presentes.

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