En las tres décadas transcurridas desde el atentado a la sede de la Amia la causa ha sido objeto de manipulación política durante todos los gobiernos, y hoy reina la más absoluta impunidad. Aún cuando ha sido probado, confesado y sentenciado que el Estado argentino usó todas sus armas para garantizar el encubrimiento, vemos una vez más la utilización del aniversario para seguir desviando la investigación con acusaciones al exterior, para reforzar el alineamiento con el imperialismo y el sionismo, y avanzar en la criminalización de los luchadores populares bajo la figura de “terrorismo”. Ahora que Milei hasta recrea a la Side que fue alertada antes del atentado y luego lo encubrió, y cuyos archivos sobre el caso nunca fueron abiertos, importa repasar qué pasó en estos 30 años.

La voladura del edificio central de la mutual oficial de la colectividad judía argentina en el barrio porteño de Once, aquella mañana del 18 de julio de 1994, dejó 85 muertos y cientos de heridos. Fue dos años después del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Desde entonces, la causa Amia es un emblema de impunidad: destrucción de pruebas, sobornos y amenazas a testigos para desviar la investigación, rechazo a los reclamos de los familiares de las víctimas, informes secretos, pactos internacionales para ocultar la organización local del mismo; todo lo cual tiene como resultado que no haya ningún condenado por este crimen al pueblo argentino, y penas menores solo a un puñadito de funcionarios por el encubrimiento.

En la trama de encubrimiento caen todos. El gobierno de Menem, con sus servicios de inteligencia en primer lugar, junto a los jueces y fiscales, la dirección del sionismo en Argentina así como Israel y el Mossad, además de Estados Unidos. Fue una verdadera política de Estado perpetuada por los sucesivos gobiernos, con el kirchnerismo, el macrismo y hoy los libertarios desviando la investigación para seguir la “pista iraní”. Hagamos una mirada retrospectiva.

Un “fallo histórico”… de punto final

En abril de este año una sentencia del Tribunal de Casación fue calificada por los voceros del gobierno y sus alcahuetes periodísticos como “un fallo histórico”, cuando en realidad fue “un fallo miserable camino del punto final y cierre de una causa judicial”, como denunciaron con todas las letras desde Apemia, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia. ¿Qué implicaba?

La sentencia en la causa que juzgaba el encubrimiento resolvió que el Estado argentino no tuvo ninguna responsabilidad en el hecho de que nunca se haya esclarecido el atentado. Así borraban lo que había sido admitido oficialmente hace casi 20 años y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para exculpar a gobernantes, magistrados, servicios y policías, el tribunal directamente prescindió de explicar cómo toda la causa judicial terminó en un indignante bochorno y se dedicó a señalar lo que no le competía en absoluto: que la autoría del siniestro era de Irán y organizaciones islámicas que actúan bajo sus órdenes. Conclusión, bajaron las ya irrisorias condenas que recién en febrero de 2019 se habían asignado al exjuez Juan José Galeano, al exjefe de la Side Hugo Anzorreguy y a dos fiscales (Eamon Mullen y José Barbaccia), en aquel juicio en que fueron absueltos Menem y el expresidente de la Daia, Rubén Beraja.

A esta altura, sin embargo, a nadie se le escapa que “el Estado utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación a través de una serie de irregularidades y el abandono deliberado de algunas líneas de investigación”, y que “su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento han quedado probadas”, como sentenció hace unas semanas la CIDH.

Efectivamente, eso quedó en evidencia en muy poco tiempo. Los familiares de las víctimas y las organizaciones que se formaron para pelear contra la impunidad reclamaron el apartamiento del juez Galeano que estaba a cargo de la causa. Contra ellos, digamos desde ahora, la dirigencia de la Amia y de la Daia apoyó al magistrado hasta el final.

El propio Galeano reconoció a los pocos años la destrucción de decenas de videos con declaraciones de imputados, testigos e informantes, que además habían sido grabados ilegalmente sin consentimiento de los declarantes. Lo hizo después de que saliera a la luz que coimeó a Carlos Telleldín, acusado de haber armado la camioneta que estalló en la Amia y haberla vendido a dos efectivos de la Bonaerense, para que declarara en esa dirección y cerrar toda investigación sobre el accionar de la Side y la Federal.

Lo que se calló en ese momento es que esa agencia de inteligencia y el Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal también habían hecho desaparecer decenas de grabaciones de escuchas telefónicas, ocultaron evidencia, no investigaron los contactos de los imputados y plantaron testigos truchos. Parte del oscuro entramado emergió por la guerra de espías librada entre Antonio Stiuso, director de contrainteligencia de la Side, y el comisario macrista “Fino” Palacios, director de terrorismo de la Policía Federal. Es el accionar de todo un régimen de conspiraciones contra el pueblo.

La “pista iraní”

Con todos estos elementos sobre la mesa, se abandonó por completo toda indagación de la llamada conexión local del atentado. Al cumplirse el décimo aniversario de la explosión en calle Pasteur el entonces presidente Néstor Kirchner lo definió como “un ataque a la soberanía de la Nación”, colocando al Estado como víctima para encubrir que había sido cómplice, y se dispuso a liberar a los únicos detenidos. Casi una década más tarde fue firmado el memorándum con Irán para que el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman interrogaran a imputados iraníes (entre ellos el expresidente Alí Rafsanjani), acompañando el giro de la política exterior del exmandatario estadounidense Barack Obama en Medio Oriente y el acuerdo nuclear con Irán.

La desviación de la investigación tras la “pista iraní” sigue siendo la línea oficial hasta hoy. Lo que cambió, incluyendo la judicialización del memorándum y de Cristina Kirchner, es la política del imperialismo yanqui para con Teherán, pero el denominador común es la subordinación del gobierno argentino para con esa política. Lo mismo vale para la sanción de la Ley Antiterrorista durante el kirchnerismo, por orden del Departamento de Estado norteamericano, cuya utilización contra el movimiento popular fue valorada por Macri y ahora por Milei.

Esta trama de encubrimiento volvería al centro de la escena política con el suicido o asesinato de Nisman, un crimen de Estado que fue el producto de otra guerra de servicios, en los últimos tiempos de gobierno de Cristina, y que incluyó la designación al frente del Ejército del genocida César Milani, un hombre del área de inteligencia.

La única manera de avanzar realmente en el esclarecimiento los hechos es con la apertura de los archivos de los servicios de inteligencia. Pero tenemos a Milei refundando la Side, incluso reciclando su viejo personal menemista como Juan Bautista “Tata” Yofre y Alejandro Walter Colombo. Como siempre, la lucha contra la impunidad será una batalla contra el gobierno y el Estado capitalista.

¿Qué encubren?

¿Qué es lo que pretenden que no salga a la superficie? Como la Fiscalía General reconoció en un informe secreto, la Side supo antes del fatídico 18 de julio de 1994 que iba a ser ejecutado el atentado, porque había sido alertada por agentes vinculados. Luego trascendió también que las embajadas argentinas en Irán y Siria enviaron pruebas y pistas sobre el atentado que no fueron puestas a disposición de la causa ni por la Cancillería ni por la Side.

¿Por qué? Porque esas informaciones hubieran comprometido hasta la cima del poder político, en la persona del presidente Menen, ya que fundaban la hipótesis de que los atentados habían sido una vendetta por el incumplimiento de los compromisos asumidos con los gobiernos de Irán y Siria durante su campaña electoral a cambio de cuantiosos fondos, para luego asumir y ensayar las “relaciones carnales” con Estados Unidos.

Tanto el atentado a la Amia como el de la Embajada de Israel fueron parte de un vaivén de extorsiones internacionales que caracterizó el llamado “proceso de paz” del Estado sionista, centrado en la firma de acuerdos con los Estados vecinos y con la OLP (que pasó a ser la Autoridad Nacional Palestina desde los tratados de Oslo en 1994), con el objetivo de aislar y desarmar la resistencia del pueblo palestino. Una política del imperialismo norteamericano para estabilizar la región tras la Guerra del Golfo y ese gran levantamiento popular contra la opresión colonialista de Israel que fue la Primera Intifada .

Es así que el ala derecha del sionismo también fue señalada como probable autora del ataque, en su carácter de opositora a los “acuerdos de paz”. Sin ir más lejos, un año después del atentado a la Amia sería asesinado el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, por un colono sionista. Todo el orden internacional capitalista tiene sus huellas en este atentado, y por eso todos actuaron para evitar que se descubra la saga de pactos mafiosos incumplidos y presiones cruzadas.

El rol del sionismo, la Amia y la Daia

Ese es el motivo por el cual el Mossad israelí y el FBI articularon el encubrimiento. Explica también la actitud de los dirigentes sionistas de la Amia y la Daia, cuya traición a la comunidad judeoargentina fue inmunda.

Se dedicaron a bloquear el reclamo para que Galeano fuera separado de la causa, al punto de hostigar a los familiares de las víctimas. Cuando en 1997, en el acto en conmemoración por el aniversario de la detonación en calle Pasteur, fueron abucheados y repudiados los funcionarios menemistas presentes, la dirigencia sionista pidió disculpas públicas.

Los intereses detrás de este accionar tenían a la vez un componente bien prosaico. El entonces titular de la Daia, Rubén Beraja, era un colaborador del gobierno menemista e íntimo amigo de Carlos Corach, quien fuera por esos años secretario de Legal y Técnica y ministro de Interior. Mientras presidía la entidad manejaba además el Banco Mayo, llevado a la quiebra en octubre de 1998 tras una operación de vaciamiento armada gracias a autopréstamos favorecidos por créditos subsidiados que le daba el Banco Central. Beraja estuvo un cuarto de siglo imputado en una causa penal por eso, pero también en ella quedó impune. Evidencia que los mandantes del sionismo criollo estuvieron con el gobierno antiobrero de Menem como dirigentes capitalistas de las instituciones israelitas.

Vale la pena refrescar todo esto hoy, cuando la Daia acaba de celebrar la declaración oficial de Hamas como organización terrorista. Lo saluda como un paso adelante para habilitar la persecución política y la proscripción de todo aquel que se exprese en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza y Cisjordania. Son quienes intentaron imponer la censura en las universidades argentinas y judicializaron a la diputada nacional del Frente de Izquierda Vanina Biasi -a la vez que respaldaban la designación “libertaria” del nazi Rodolfo Barra como jefe de los fiscales del Estado.

Juicio en ausencia y “terrorismo”, vía libre a los represores

Esto nos lleva al último punto que nos importa precisar: la manipulación de la causa para reforzar las potestades represivas del Estado. En un marco en el cual están amenazadas las libertades democráticas más elementales en Argentina, con presos políticos por manifestar, causas truchas para perseguir a los luchadores piqueteros, y el allanamiento de locales de partidos opositores, el gobierno presentó con bombos y platillos un proyecto de ley en el Congreso para habilitar el procedimiento de juicio en ausencia, que permite juzgar a acusados aunque no estén presentes.

El proyecto es una aberración jurídica, que incluye entre las posibilidades de ser juzgado “cualquier delito en el caso en que le fuera aplicable la agravante prevista en el artículo 41 quinquies del Código Penal”, según el cual puede calificarse como terrorista todo acto que sea presuntamente cometido con la finalidad de aterrorizar a la población o presionar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras. Es parte de una política de carta blanca para embestir contra las organizaciones populares barriendo con varias garantías constitucionales, que tiene como uno de sus basamentos legales la Ley Antiterrorista sancionada bajo los gobiernos K.

Lo paradójico es que muchos de quienes hoy están en la mira de la represión de Bullrich y Milei son las organizaciones que nos jugamos por entero a la movilización popular desde el primer momento para que fuera esclarecido el atentado a la Amia y paguen los responsables.

El Partido Obrero no solo fue la única organización de la izquierda que acudió con banderas propias a la enorme marcha de 200.000 personas que entonces acorraló al gobierno de Menem exigiendo justicia. Ya al día siguiente de la explosión reclamaba un paro nacional de repudio, señalando que el movimiento obrero debía actuar para quebrar la complicidad del gobierno menemista y los servicios de espionaje del imperialismo y el sionismo en el encubrimiento de los atentados, y la formación de un comité investigador independiente del gobierno para que la causa no quedara impune. Inscribía esta pelea como oportunidad para explotar la crisis política abierta para golpear al régimen antiobrero del menemato.

Estos 30 años transcurridos en la más dolorosa e indignante impunidad confirman que la lucha por la verdad y la justicia de este crimen al pueblo argentino es una lucha popular contra el Estado capitalista y su personal político vasallo del imperialismo.

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