Opinión
22/6/2024
Causa Amia: abrir los archivos y terminar con el pacto de impunidad
Apemia (Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia)
El atentado se cometió en 1994
Reproducimos a continuación una columna publicada en Clarín (21/6) por integrantes de Apemia (Asociación por el esclarecimiento de la masacre impune de la Amia).
La sentencia de la Corte Interamericana que condenó a Argentina por diferentes delitos cometidos en el manejo del caso Amia era esperada desde 2022, cuando el Estado se declaró culpable.
El resumen oficial de la sentencia dice que “el Estado utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación a través de una serie de irregularidades… y el abandono deliberado de algunas líneas de investigación”. Por ello “todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. (…). Las múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento han quedado establecidas…”.
Reconocieron 30 años de impunidad por la responsabilidad y acción deliberada del Poder Ejecutivo, el Judicial y la Fiscalía. El Estado puso toda su capacidad para obstaculizar y encubrir “la verdad histórica sobre el atentado”. Nada de ello podría haberse hecho sin la colaboración del Congreso nacional, y la complicidad de sus socios de Daia/Amia y de otros Estados (Israel, EE.UU., etc.).
En paralelo, la Fiscalía reconoció, en un informe también secreto, que la Side fue alertada por agencias amigas y sabía que el atentado se iba a cometer.
Ahora, el ex jefe de la Side Miguel Angel Toma, que ocupó distintos cargos ejecutivos y legislativos siempre vinculados a los “sótanos” del sistema, se atrevió a defender la Historia Oficial. Reivindicó su viejo informe -secreto hasta hace días– atribuyéndole un cambio del encuadre jurídico del atentado para sacarlo del análisis de la responsabilidad local y ponerlo en la órbita del supuesto terrorismo mundial.
Es exactamente lo que la Corte criticó: el abandono deliberado de pistas… Para colmo, Toma defendió que las pruebas de su informe siguieran siendo secretas.
La reacción del gobierno permanece oculta pero está en la misma frecuencia. Horas antes de conocerse la sentencia, la AFI apeló lo resuelto por el juez Lijo tratando de evitar el acceso de los Fiscales a información de los archivos secretos en poder del organismo.
La Corte IDH puso de relieve la necesidad de acceder a los archivos secretos. La restricción para conocerlos es una política deliberada del Estado argentino para obstaculizar la búsqueda de la verdad. Los archivos oficiales son prueba irrefutable de lo acontecido y permitirán develar la verdad de tamaño crimen.
Vemos difícil que el Estado nacional remueva realmente los obstáculos que pone, cuando amenaza con sanciones penales o nos niega cualquier investigación independiente para conocer la verdad.
Desde Apemia nos proponemos entregar de manera pública las primeras conclusiones del análisis de los documentos oficiales. El trabajo realizado en los últimos 2 años respalda la hipótesis sobre la responsabilidad del Estado argentino en la masacre de nuestros familiares y amigos en la Amia, y muestra la construcción de una Historia Oficial contra la Verdad en este crimen de terrorismo de Estado en democracia.
Abrir los archivos secretos es la condición para terminar con este pacto de impunidad.
