Políticas
19/6/2024
El XXIX congreso del Partido Obrero y la lucha contra Milei
Preparemos la huelga general como intervención generalizada de la clase obrera para derrotar la ofensiva capitalista.
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Foto: Fede Imas @ojoobrerofotografia
Es más que una simple casualidad que el XXIX congreso nacional del Partido Obrero encuentre a nuestra organización en el centro de un ataque político del poder, con militantes afrontando causas armadas contra las organizaciones sociales, medios de comunicación difamando a sus dirigentes, incluso tras un allanamiento ilegal en su casa central como corolario de un trabajo de espionaje. El hecho de que mientras escribimos esto, a una semana de la represión a la movilización contra la Ley Bases, aún permanezcan detenidas cinco personas en forma indignantemente arbitraria bajo acusaciones que no pueden probar, confirma que el ataque a nuestro partido es parte de una ofensiva del gobierno y el conjunto de los poderes del Estado contra el movimiento popular.
Es una tentativa de cambio de régimen político, que apunta a quebrar a las organizaciones de lucha y restringir el derecho a la protesta. Semejante propósito se condice con la profundidad del ataque a los trabajadores que quiere imponer Milei, apoyado en la clase capitalista y sus “castas” política y judicial. Lo más grave de la acusación de Bullrich a los manifestantes de sedición y terrorismo es que fue tomada por la Justicia. Nuestra denuncia presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre que no están garantizadas las libertades democráticas en Argentina se confirmó en tiempo récord.
Ahora crearon una Unidad de Seguridad Productiva para tener a las fuerzas federales prestas a reprimir para blindar a las mineras del litio y las petroleras de Vaca Muerta. Tienen vivo el recuerdo del jujeñazo, y otras luchas como aquella victoriosa de los elefantes de la salud neuquinos. Incluso podrían desalojar sin orden judicial protestas en fábricas o comercios. La iniciativa de Jorge Macri de aplicar la figura de reiterancia en CABA tiene la obvia gravedad de que atenta contra el derecho a peticionar en la ciudad donde están radicadas las sedes del Estado nacional. Se complementa con la denuncia penal al paro del Subte contra el desafuero de 21 de sus dirigentes para ser sancionados e incluso despedidos por medidas de fuerza del pasado.
Este envalentonamiento represivo es allanado por el respaldo que recibió el gobierno de parte de la oposición para sancionar la Ley Bases. Con idas y vueltas, y cada uno con su precio, dieron aire a un Milei enredado en una crisis de gabinete y una corrida cambiaria. Cuando estaba contra las cuerdas, quienes le tendieron la mano fueron “las ratas del Congreso” que votaron la Ley Bases y “la casta sindical” de la CGT que no paró. Ellos, junto a los “comunistas” chinos que accedieron a renovar el swap, y el FMI que aprobó la revisión del cumplimiento del programa, aunque advirtió al oficialismo que debe lograr la reposición del impuesto al salario, las modificaciones en Bienes Personales y la privatización de Aerolíneas Argentinas. Habrá que ver si lo consigue, pero es indiscutible que del otro lado hay predisposición a negociar y que toda la clase capitalista avala este curso.
En suma, estamos ante una ofensiva que involucra a todos los poderes del Estado burgués. El accionar coordinado entre el gobierno y la Justicia se ve también en las causas armadas por Bullrich y Casanello contra las organizaciones piqueteras, colmadas de irregularidades como allanamientos ilegales o la no presentación de pruebas mientras sí filtran expedientes para montar operaciones mediáticas. Pettovello, entre tanto, sigue al frente del ministerio que ahora sabemos por qué nombraron como Capital Humano, fuente de negociados con ñoquis, sobresueldos y convenios para desviar la compra de alimentos mientras empujan al cierre de los comedores populares. Contra el discurso oficial, los kioscos de los “intermediarios” libertarios corren paralelos al ajuste, precisamente porque el objetivo de destruir a las organizaciones barriales obedece a la negativa a universalizar el acceso a la asistencia social.
Pero la corrupción de Pettovello y el Opus Dei en Capital Humano es, si se quiere, un “vuelto” que se queda el personal gobernante por un negocio muchísimo mayor: la monumental transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia el gran capital. Los tarifazos en los servicios y los aumentos en alimentos y combustibles fueron parejos a la duplicación y triplicación de las ganancias netas de las privatizadas energéticas como Pampa, de las petroleras como Tecpetrol y Chevron, y de las alimenticias como Arcor o Molinos Rïo de la Plata. El derrumbe de las ventas por la caída del poder adquisitivo de la población está más que compensado en los balances de los grandes capitalistas, justamente por la desvalorización de los salarios.
Otros ganadores del semestre fueron los bancos, gracias a los bonos del Estado indexados por inflación y asegurados contra toda pérdida por el Banco Central, y favorecidos por la licuación histórica de los depósitos de los ahorristas. Podemos seguir con las prepagas y las telecomunicaciones, pero se entiende que hablamos de un “experimento” de la clase capitalista, si no como vía para recomponer un ciclo de acumulación seguro como posibilidad de un negoción con el remate de los activos de la Argentina. Una consultora del rubro energético estimó que el Rigi implicaría una cesión de 1.000 millones de dólares en favor de las petroleras por impuestos que dejaría de percibir el Estado sobre inversiones ya anunciadas. Nada mal.
Lo que importa de Milei no es su discurso “anarcocapitalista”, sino los intereses concretos para los que gobierna. Por eso encuentra apoyo, a pesar de ser una fracción política minoritaria. El problema es la viabilidad del experimento. O, en todo caso, quiénes son los que están asegurados en caso de que fracase. Acá entra el papel del FMI como veedor permanente sobre las cuentas oficiales, lo cual plantea potenciales diferencias con el gobierno: acaba de advertir sobre la necesidad de redoblar los tarifazos, el impuestazo de Ganancias y que no se siga atrasando el dólar, en momentos en que los relevamientos anticipan un repunte de la inflación en junio. Lo mismo vale para los diferentes sectores capitalistas, ya que ninguno quiere pagar la cuenta: lo vemos con el acopio de la cosecha de soja por parte del capital agrario a la espera de mejores condiciones, o con las críticas de algunos perjudicados por el ajuste como las contratistas de obra pública. Estas contradicciones están detrás de la crisis política del armado gobernante, e incluso de la oposición.
El punto es que aún si no hay ningún ciclo de crecimiento económico el gran capital se frota las manos. A eso apunta la reforma laboral precarizadora, coordinada con una ofensiva antisindical como en Fate o ahora en el Subte para quebrar la organización gremial. Si caen las ventas y prima la recesión, como pasa en estos momentos con la paralización de la industria automotriz, abaratarán los despidos; y a la vez toda reactivación ocasional podrá cubrirse con contrataciones precarias y temporales. Cuentan a su favor, digamos de nuevo, con la burocracia sindical; sea la Uocra que deja pasar decenas de miles de cesantías, el Smata pactando retiros “voluntarios” a fuerza de aprietes, o Andrés Rodríguez de UPCN para quien el pase a disponibilidad de 100.000 estatales no ofrecía motivo alguno para movilizar contra la Ley Bases. Todo esto cuando solo hasta abril las cuentas sueldo cerradas han llegado a 323.000.
En este contexto, la propia realización del congreso del PO es una refutación a las acusaciones que escupen funcionarios políticos y judiciales, y sus buchones periodísticos. Puede decir abiertamente y de cara al pueblo que su objetivo es derrotar esta ofensiva, que por la magnitud del ataque necesitamos enfrentarla preparando la huelga general, y que lucha por un gobierno de trabajadores.
La reunión de centenares de delegados de todo el país, electos en plenarios de militantes que debatieron la situación política nacional e internacional y balancean la intervención de su partido, es la evidencia de que más que una asociación ilícita es uno de los pocos partidos políticos que puede jactarse de serlo en el sentido estricto del término. Así como el Polo Obrero es el resultado de la organización consciente en las barriadas, en asambleas que organizan la pelea por los reclamos y se ponen a hombro la solidaridad con comedores y merenderos, el Partido Obrero es una asociación política de laburantes que se propone echar a los políticos capitalistas empobrecedores que siguen saqueando al país y quieren hacer pagar la crisis al pueblo.
El PO delibera en un congreso y presenta sus conclusiones públicamente porque no tiene ningún interés particular distinto de los de la clase obrera. En ese carácter es un aliado incondicional y animador de los movimientos de lucha. Del movimiento piquetero al que Milei y Bullrich no perdonan haber desafiado el protocolo represivo el 20 de diciembre; de las asambleas vecinales que surgieron de los cacerolazos contra el DNU; del sentido reclamo a la CGT por un paro activo nacional y un plan de lucha; de cada pelea por el salario o contra los despidos que proliferan por todo el país, como la que libra el Sutna (que mientras defiende tenazmente los puestos de trabajo paró y movilizó el 12 de junio al Senado contra la Ley Bases); de la docencia universitaria en lucha que llegó a movilizar un millón de personas junto al movimiento estudiantil y no docente; jugado a fondo con la rebelión huelguística misionera. También fuimos organizadores junto con el sindicalismo combativo y la izquierda del Encuentro Nacional de Trabajadores que reunió a miles de luchadores en Congreso y afianzó una coordinación independiente, que hicimos notar en las masivas columnas independientes el 24 de enero o el 1º de mayo.
Como demostró el triunfo de la huelga en Misiones, existe una base real para que prospere la organización y se imponga con los métodos de la huelga y el piquete, incluso pasando por encima de la burocracia. Por eso el gobierno se empecina en atacarnos y en perseguir e intentar desmoralizar al movimiento popular. Debatir cómo se despliegan las reservas de lucha que se expresaron en la multitudinaria marcha federal universitaria, en numerosas dependencias estatales, en las asambleas de la cultura, en las movilizaciones del movimiento de mujeres o el 24 de marzo; ese será una de los ejes del XXIX congreso del PO. Se trata de preparar la huelga general como intervención generalizada de la clase obrera para derrotar la motosierra de Milei, el FMI y los gobernadores.
