El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, aprovechó una entrevista con el diario Clarín (28/7) para lanzar un ataque en regla a la lucha de los organismos de derechos humanos y a las enormes movilizaciones populares que han defendido en las calles el juicio y castigo a todos los genocidas.

El funcionario siembra sospechas de corrupción sobre los familiares directos y víctimas del Terrorismo de Estado por las indemnizaciones otorgadas y se queja de la carga onerosa que supondría esto para el Estado, una preocupación económica de la que carece cuando reclama que se indemnicen a los familiares de los agentes muertos durante el copamiento del Regimiento 29 del Ejército, en 1975. Sus declaraciones van en línea con las reuniones que ha mantenido con miembros del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, organización que reclama la liberación de los genocidas y cuya dirigente hoy salió a defender la impunidad del Estado en el caso de Santiago Maldonado.

Si todo esto dice el secretario de “Derechos Humanos” del gobierno, ¿qué podremos esperar de boca de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich?

Avruj defiende explícitamente el accionar represivo previo al golpe de 1976, al que caracteriza como defensa de la Patria y la “institucionalidad”. Para  el funcionario, las persecuciones, asesinatos y desapariciones previos al golpe, entre otros hechos, se tratarían de un “acto en defensa de los poderes constitucionales”. Los miles de asesinatos de las Tres A, el Operativo Independencia y los crímenes de la CNU contra los luchadores populares fueron, de hecho, el preámbulo de la dictadura de los militares defendidos por el funcionario.

Para justificar y victimizar el accionar de las fuerzas represivas del Estado previo al golpe, Avruj hace referencia al copamiento del Regimiento 29 del Ejército por parte de Montoneros, en lo que se conoció como “Operación Primicia”. Omite que aquel hecho, en el que murieron dos integrantes del Ejército, 10 ex conscriptos -que estaban realizando el servicio militar obligatorio– y 9 integrantes de Montoneros, fue esgrimido por el gobierno como excusa para desencadenar en Formosa una durísima persecución contra militantes populares con centenares de detenidos, y que pocos meses después, las instalaciones del RIM29 se transformaron en un Centro Clandestino de Detención y Exterminio. El episodio fue utilizado por el gobierno de Isabel Perón  para dar a conocer en octubre de 1975 los decretos 2770, 2771 y 2772 que creaban un Consejo de Seguridad Interior y donde se especificaba la orden de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en todo el territorio argentino. Desde allí, y con el visto bueno del peronismo, todo el aparato del Estado se puso a disposición del “aniquilamiento”.

En relación con el reclamo de libertad para todos los genocidas, Avruj se basa en la superpoblación existente en las cárceles argentinas. El funcionario de Cambiemos se declara defensor del 2×1, la vuelta a las calles de Etchecolatz y todos los genocidas condenados en cárcel común, mientras mira para otro lado frente a los miles de presos comunes que se encuentran en cárcel sin sentencia firme, y niega la libertad a cientos de luchadores, como Daniel Ruiz, activista petrolero y candidato del Frente de Izquierda Unidad, detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz por luchar contra la reforma previsional de diciembre del 2017 de Macri, los gobernadores, y una gran parte de los diputados y senadores que ahora se reparten en las distintas listas patronales.

A días de las Paso, el gobierno de Macri y sus voceros, han dejado claro que son  los operadores ideológicos en defensa de los genocidas. Basta recordar que Darío Lopérfido, funcionario de De la Rúa y ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que los 30 mil desaparecidos era una mentira que inventaron las víctimas para “cobrar subsidios”, una línea de infamia contra los familiares que recoge Claudio Avruj en el reportaje del domingo. Lo que sí evita mencionar es el vaciamiento que realizó en la Ley N°24.321, que cuenta con una mínima estructura de simple fachada, para  investigar los más de 500 casos que aún se tramitan en la órbita de la Secretaría.

Frente a estas infamias, sigamos luchando contra el pacto de reconciliación con los responsables del genocidio y del terrorismo de Estado. Vamos por el juicio y castigo a todos los genocidas militares, civiles, eclesiásticos y empresariales.  Cárcel común y efectiva, apertura de los archivos, contra la impunidad de ayer y de hoy.  Son 30 mil. Fue genocidio.