Luego de la salvaje represión que llevó adelante el gobierno contra la marcha de jubilados, que dejó un saldo de 160 detenidos, decenas de heridos y un fotoperiodista que lucha por su vida, comenzó una feroz operación mediática y en redes sociales orquestada por el propio gobierno para intentar deslegitimar la lucha popular y criminalizar la protesta social, un método que se ha utilizado a lo largo de la historia para justificar las salvajes represiones contra quienes luchan.

Al día siguiente de la represión, para continuar con estas operaciones, Milei amplió el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia con un aumento de 7366 millones de pesos, el equivalente a 21.098 jubilaciones mínimas, de los cuales 1655 millones son para gastos reservados. En paralelo, la Auditoría General de la Nación detectó que el ministerio de Seguridad pagó hasta cinco veces más (en millones de dólares) por equipamiento de seguridad que se adquirió aprovechando el paraguas de la Emergencia de Seguridad Pública, es decir para hacer contrataciones sin llamar a licitaciones públicas.

Así, en casi la mitad de las transacciones analizadas (29 en total) no hubo compulsa de precios, sino una elección discrecional por parte del Ministerio de Seguridad, a lo que Bullrich respondió que se trata de "situaciones que demandan respuestas inmediatas e imprevistas". No es la misma suerte la que corre para los habitantes de Bahía Blanca, puesto que mientras esta represión se llevaba adelante, LLA y el PRO votaban en el Congreso no declarar la emergencia que le haría llegar el dinero necesario para la reconstrucción de la ciudad, entre otras cosas urgentes.

La operación mediática intentó responsabilizar a los manifestantes por la represión. Sin embargo, las imágenes de la jornada demostraron que la movilización fue pacífica. Del otro lado, la policía disparaba granadas de gas a la cabeza (como se puede ver en el video donde Pablo Grillo resulta herido), golpeaba con saña a los jubilados, intentaba plantar un arma de fuego en la plaza del Congreso para luego adjudicársela a los manifestantes y hasta dejaron libre un patrullero, que luego casualmente fue prendido fuego, probablemente por sus propios infiltrados, un clásico de la inteligencia de Bullrich. La jornada dejó un saldo de 160 detenidos, a los que la jueza de la causa liberó por falta de mérito.

La operación mediática también apuntó contra Vanina Biasi, diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, y quien se solidariza todos los miércoles con la lucha de los jubilados, por un video que circuló donde Biasi le exigía a un oficial de policía que la deje entrar al recinto para poder votar. Trolls del gobierno la atacaron por redes sociales descargando sus mayores injurias y hasta periodistas como Luis Novaresio la tildaron de "patotera" por exigir que se la deje ejercer el cargo para lo que la población la votó.

Incluso desde el gobierno, más específicamente el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó hacer circular un supuesto "volante", muy mal armado, con el logo del Frente de Izquierda, con los supuestos "pasos a seguir" indicados a los manifestantes, los cuales incluyen "provocar a los policías revoleando piedras o lo que haya al alcance, buscando su reacción".

Este fue uno de los hechos más ridículos de la jornada porque se notaba alevosamente que fue una operación armada para criminalizar al Frente de Izquierda, que hoy se encuentra a la cabeza de organizar a los sectores más postergados. Es lo que tiene como telón de fondo también la persecución contra el Polo Obrero, arremeter contra una de las principales organizaciones que pone en pie la organización de los barrios más pobres contra el plan de miseria oficial.

El gobierno monta este tipo de armado contra quienes organizan a la población para luchar contra el programa de hambre y ajuste oficial. La propia Patricia Bullrich demoniza a la militancia, sostiene que Pablo fue bien reprimido por ser "militante", una barbaridad, y que los detenidos están bien detenidos por ser "militantes organizados". Incluso, en uno de los tantos videos de la represión se escucha cómo un policía, al ver que la gente corre frente al avance del camión hidrante, grita provocativamente: "vengan zurdos".

Queda claro que esto es un intento por arremeter contra quienes luchan, por amedrentar la protesta social y por desbaratar a todas las organizaciones que se ponen a la cabeza de las principales reivindicaciones de la población.

El gobierno reprimió para seguir robándole a los jubilados, para que los salarios sigan cayendo, para que los despidos pasen, por eso este es un ataque a todos los trabajadores que no puede pasar sin una respuesta contundente. Los cacerolazos que recorren la ciudad y la persistencia de los manifestantes son una decisión popular de responder. La CGT y las CTAs tienen que convocar a un inmediato paro general.

Este gobierno es intolerable para los trabajadores argentinos. Fuera Milei. Fuera Bullrich.

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