Liberan al policía que le disparó en la cara a un menor en Lomas de Zamora

La complicidad del poder judicial para garantizar la impunidad del aparato represivo es absoluta.

En las últimas horas de ayer fue excarcelado el policía perteneciente al Grupo de Apoyo Departamental de la policía bonaerense que le disparó en la cara a Ignacio Seijas el pasado 25 de junio, tras haber sido detenido el 3 de agosto. El hecho por el que se lo imputa se produjo cuando la fuerza allanó un domicilio equivocado, a lo que incluso sustrajeron luego elementos de viviendas vecinas para justificar su accionar. En aquel entonces, la causa recayó en manos del fiscal Sebastián Bisquert perteneciente a la UFI 8 de Lomas de Zamora.

Peor aún, la familia de Ignacio, que llevó a cabo una lucha tenaz desde el primer momento, fue recibida por altos funcionarios del gobierno nacional como Matías Moreno (subsecretario de Derechos Humanos) y Eva Asprella (directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia). Esto no fue más que un operativo de distracción y encubrimiento, tras el cual el efectivo que propició el disparo de postas de goma fue “apartado” y se “le inició un sumario”. Un modus operandi que se ha repetido una y otra vez en los últimos meses ante el enorme crecimiento de casos de abusos policiales y gatillo fácil, y que tiene a la propia policía bonaerense en la primera fila de los mismos. Basta con mencionar la desaparición de Facundo Astudillo Castro, una lucha que tiene ya alcance nacional y que ha revelado el enorme operativo de protección política y judicial que se ha montado para desviar y entorpecer la causa, las amenazas de la policía a la familia y hasta del propio ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, que se pasea por los medios de comunicación tratando de desligar a la fuerza de su responsabilidad y amenaza abiertamente a la familia y al abogado de la causa.

Basta con mencionar también que en junio, el mismo mes en que Ignacio Seijas sufrió el disparo que le hizo perder un ojo tras el allanamiento erróneo en su casa, la propia bonaerense protagonizó 18 casos de gatillo fácil, a raíz de un asesinato cada 40 horas. Sin embargo, todos se buscan presentar como “casos aislados”, como “excesos individuales”, garantizando la impunidad de un aparato represivo cuyo reforzamiento es una verdadera política de Estado.

Tal cual sucediera con el policía federal asesino Nicolás Rendichi, que mató de 18 balazos a Lucas Barrios en la Isla Maciel, un cambio de calificación por parte de la jueza Marisa Salvo (perteneciente al Juzgado de Garantías número 5 de Lomas de Zamora), bastó para poner en libertad al agente que efectuó el disparo. Esto constituye un claro aval del poder judicial a la escalada represiva por la cual Axel Kicillof y Sergio Berni son enteramente responsables, más aún cuando después de estas temerarias cifras en el conurbano bonaerense han protagonizado un acuerdo con la ministra de seguridad nacional Sabina Frederic para redoblar la militarización de los barrios con fuerzas federales como la Gendarmería, la Prefectura o la Policía Federal. Encubiertas las responsabilidades del poder político y liberados al cabo de unos pocos meses los policías implicados, la impunidad garantizada es absoluta.

Urge más que nunca redoblar la apuesta por la convocatoria a un gran plenario nacional contra la represión y el gatillo fácil, cuando los casos de violencia policial se multiplican frenéticamente a diario. Queda claro a su vez que aquí no hay hechos aislados, sino una verdadera política represiva que continúa cobrándose víctimas por la cual el Estado, sus poderes y sus gobiernos son enteramente responsables. Más que nunca: Fuera Berni.

 

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