El represor multicondenado por crímenes de lesa humanidad Miguel Osvaldo Etchecolatz junto a una decena de civiles, militares y policías retirados fueron procesados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.

La decisión la tomó el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en el marco de una serie de procesamientos que involucraron más de un centenar de víctimas en las causas que investigan los delitos del terrorismo de Estado sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El infierno, centros clandestinos que funcionaron en el sur y sureste del conurbano bonaerense.

El juez federal indicó que allí “se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar”.

Hasta ahora, la causa que investiga los hechos del Pozo de Banfield contaba con un solo caso de la comunidad travesti trans en la lista de víctimas querellantes que llegaron a juicio: el de Valeria del Mar Ramírez, quien será la primer testigo a declarar.

Es la primera vez que el ataque sistemático contra las diversidades sexuales es llevado a juicio dentro del accionar del terrorismo de Estado y viene a consecuencia de la enorme lucha que llevan adelante por su visibilización y contra la violencia y persecución por parte del Estado.

La comunidad LGTBI fue el foco de un particular ensañamiento durante la dictadura civico militar eclesiástica. Eran un blanco de secuestros y torturas entre las que se encontraban las sistemáticas violaciones por parte del grupo de tareas y la persecución constante. “El tema era cuando caías detenida. Eras el servicio sexual de todos los policías y de todos los presos. También tenías que limpiar, cocinar y lavar ropa porque si querías ser mujer era hacer todo según ellos” (elciudadanoweb.com). 

Desde la querella de Justicia Ya! de La Plata, una querella independiente del Estado que participa del juicio y de la que Apel forma parte, han llevado instrucción para que se investiguen estas causas y se han dedicado a investigar la represión a la que se veían sometidas las diversidades sexuales y de género y las mujeres que se alejaran de su rol, estipulado en el marco de una familia occidental y cristiana, para hacer política dentro de grupos guerrilleros. Estas últimas fueron fuertemente reprimidas durante el gobierno de Onganía, el ataque se profundizó durante la última dictadura y hoy se perpetra en casos como el de Tehuel Delatorre.

La incorporación del colectivo travesti trans como victimas de delitos de lesa humanidad es un hecho progresivo en términos de jurisprudencia y sienta un precedente favorable. Pero es la misma Justicia, orientada por la política del gobierno nacional y la oposición patronal, que procesó a Higui y condenó a Marian Gómez, a Luz y a muchxs más y la que llevó adelante el desmembramiento de las causas de crímenes de lesa humanidad originando infinidades de causas por los mismos hechos, citando reiteradas veces a los mismos testigos, retrasando el juzgamiento de los genocidas que van muriendo por su avanzada edad o beneficiados con prisión domiciliaria.

El Estado y todo el arco político ha perpetuado las prácticas de impunidad y la promoción de los prejuicios más retrógrados contra la población LGTBI que han tenido sus consecuencias en la actualidad con graves violaciones a los DD.HH. Recordamos todos los casos de desapariciones forzadas desde la vuelta a la democracia, principalmente la de Jorge Julio López, la de Facundo Astudillo Castro y la de Tehuel de la Torre, todos casos que continúan impunes. También el intento de beneficiar con el 2×1 a los genocidas por parte de la coalición de Juntos Por el Cambio, la cual también integra Julio Garro, intendente de La Plata.

Exigimos prisión perpetua a los genocidas imputados en el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el colectivo travesti trans y toda la comunidad LGTBI. Resaltamos la imperiosa necesidad de profundizar las investigaciones, determinar el inicio y cierre de cada centro represivo, los roles específicos de las autoridades allí asignadas y la suerte corrida por cada víctima. Seguiremos luchando contra la impunidad de todos los genocidas y sus cómplices. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos! 30.400 compañeros detenidos desaparecidos presentes.