Los diputados del Frente de Izquierda piden la interpelación a Bullrich

Tras la salvaje represión en el Congreso.

Foto: nv.videos.73

El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad presentó el viernes 2 un pedido de interpelación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que concurra a la Cámara de Diputados a dar explicaciones sobre la brutal represión iniciada el miércoles 31 de enero y continuada con mayor violencia al día siguiente.

Los hechos comenzaron al abrirse el debate en la Cámara de Diputados, en una sesión que ya lleva tres días. Es reflejo de la magnitud de la llamada Ley Ómnibus, con centenares de artículos que tienen la pretensión de producir una modificación antiobrera profunda del régimen político y social que Romina Del Plá definiera en el recinto como “una democracia de infantería”. Una prolongación del debate que además refleja una crisis y empantanamiento con toda clase de irregularidades, como el dictamen de mayoría que todavía no aparece en su versión definitiva, producto de intensas negociaciones clandestinas con los diferentes sectores capitalistas expresados en lobbies permanentes y explícitos o a través de los gobernadores provinciales.

En ese contexto sólo los legisladores del FIT-U habían denunciado la intención represiva contenida en el protocolo Bullrich y en el proyecto libertario, que contiene un agravamiento de las penas por “resistencia a la autoridad” para que sean de cumplimiento efectivo con la sola declaración de las fuerzas policiales. O la licencia para matar que según denunciara en el plenario de comisiones la abogada de Apel Claudia Ferrero, ampliando las causales para justificar la “legítima defensa” o el “cumplimiento del deber”, dando garantías de impunidad frente a los abusos e impidiendo a las familias de las víctimas del gatillo fácil reclamar justicia por la sola sospecha de que el asesinado estaba cometiendo un delito. Todo, violando normas constitucionales y convenciones internacionales.

El jueves por la mañana los diputados del FIT-U repudiaron las detenciones completamente arbitrarias producidas el día anterior sobre la militante radical Ivanna Bunge, junto a tres mujeres que se solidarizaron con ella, así como la del dirigente del Partido Obrero de Mendoza Víctor Da Vila y del Polo Obrero de esa provincia Martín Rodríguez.

Esa tarde, con la llegada de miles de manifestantes de organizaciones de jubilados, asambleas populares y organizaciones sindicales, sociales y políticas, la represión se incrementó a extremos inusitados. Queda evidenciada en las más de 25 trabajadoras y trabajadores de prensa heridos por las balas de goma por hacer su trabajo, en el accionar del grupo GOM de la Policía Federal que con sus motos recorrió la Plaza del Congreso disparando a mansalva, tirando gases lacrimógenos incluso sobre varios diputados y diputadas que se aceraron con el fin de intervenir para frenar semejantes atropellos. Mientras tanto, los diputados votaban en contra de un cuarto intermedio frente a la magnitud de la escalada represiva.

Entre las víctimas se encontraban el abogado Matías Aufieri, asesor legislativo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, quien sufrió un balazo en el ojo y  fue operado el viernes 2 con diagnostico reservado; así como Vanina Biasi, diputada electa que recibió varios impactos de balas de goma; y Eduardo Belliboni que debió ser hospitalizado, entre decenas de manifestantes que atiborraron guardias de hospitales y del instituto del quemado ante el efecto lesivo agudo de un nuevo gas pimienta.

La consecuencia directa han sido al menos 70 heridos por las balas de goma, y centenares de afectados por los gases arrojados, que según se ha denunciado contienen componentes desconocidos hasta ahora para los médicos que durante horas atendieron a los afectados con químicos que provocan importantes quemaduras en la piel.

El pedido de interpelación a la ministra exige que se clarifique que tipo de químicos se arrojó contra los manifestantes, denuncia que las fuerzas federales no tienen atribuciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en la que no rige el ilegítimo protocolo de la ministra Bullrich, y repudia todas las detenciones.

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