Un nuevo editorial del diario La Nación (10/11) ha vuelto a la carga con el objetivo de reclamar la impunidad y el perdón para los genocidas de la última dictadura cívico-militar y de colaborar con la reinstalación de la teoría de los dos demonios en nuestro país.

En su editorial, los dueños de La Nación protestan de que se hayan fijado como crímenes de lesa humanidad las atrocidades cometidas por el Estado en los ’70. Es que, como se sabe, la elevación a “crímenes de lesa humanidad” los hace imprescriptibles e imperdonables. En oposición a ese principio político, los dueños del diario empatizan y se solidarizan con los tres mil quinientos exmilitares, policías, agentes del servicio penitenciario y servicios de inteligencia juzgados por esos crímenes, por no gozar de “respeto alguno por el amparo que la ley les brinda en atención a su edad”. En síntesis, La Nación vuelve al ruedo con el reclamo de liberación de los pocos genocidas de la última dictadura que se encuentran presos y presiona para evitar cualquier tipo de nueva condena para los que aún se encuentran libres.

Es harto conocida la orientación negacionista del matutino mitrista. Es que los dueños de La Nación fueron impulsores y adherentes entusiastas del golpe genocida del ’76 y, antes de él, de todos los que tuvieron lugar en la Argentina e incluso en América Latina desde el año ‘55. En el ’76, los Mitre fueron parte de una movida general que emprendió la clase dominante de nuestro país en complicidad con el imperialismo norteamericano. La burguesía nacional golpeó las puertas de los cuarteles para que los militares procedan a exterminar físicamente a lo mejor de la vanguardia obrera y juvenil argentina, luego de que el mismísimo Juan Domingo Perón fracasara en contener y desviar el proceso revolucionario abierto por el Cordobazo en mayo del ’69.

Sin embargo, el reclamo de reconciliación con los genocidas, que cada tanto vuelven a poner en agenda los dueños de La Nación, ha sido levantado de una u otra manera por todos los gobiernos constitucionales desde el ’83 a esta parte. Bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, las leyes de “punto final” y de “obediencia debida” establecieron la paralización de los procesos judiciales contra los responsables de la desaparición forzada de personas y la extinción de acciones penales contra los militares que cometieron crímenes “cumpliendo órdenes”. A fines de los ’90, Menem otorgaba nuevos indultos, en esta ocasión beneficiando a los Jefes Militares condenados en el ’85. Bajo el gobierno de Cristina Kirchner, la designación de César Milani al frente del ejército fue una clara señal de ‘reconciliación’ con los genocidas, con el objetivo de recolocar a los militares al servicio de la represión interna. La posterior absolución de Milani, por los secuestros y torturas de Pedro y Ramón Olivera en marzo del ’77, revelaron la impunidad reinante en el actual régimen. El fallo de la Corte Suprema macrista en 2017, que rehabilitaba el beneficio del 2×1 para los militares, fue otra expresión de una tentativa de impunidad y reconciliación. El relato negacionista de los 30 mil detenidos-desaparecidos fue una constante bajo el gobierno de Macri. Alberto Fernández hizo un llamado a “dar vuelta la página” en las vísperas de su primer 24 de Marzo como presidente.

Por aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque, junto al reclamo de impunidad para los genocidas el editorial en cuestión coloca su acento en realzar la teoría de los dos demonios. Se hace eco de las “investigaciones” del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la organización integrada por Victoria Villarruel, la candidata a segunda diputada nacional por la lista de Milei. El editorial, también reclama que las acciones de los grupos guerrilleros, en particular de Montoneros, sean declaradas como “crímenes de lesa humanidad”. De esta forma, los dueños de La Nación buscan mostrar al golpe como el resultado de un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los grupos guerrilleros. Sin embargo, para el año ’76, los grupos guerrilleros ya se encontraban completamente desarticulados por sus propias contradicciones políticas internas, por el accionar de la Triple A o por diversas acciones militares, como por ejemplo la que se denominó “Operativo Independencia”. Como ya señalamos más arriba, en realidad, el golpe venía a barrer con lo que Balbín denominó “la guerrilla fabril”, es decir, al extendido proceso de organización combativa de la clase obrera.

Pero el planteo de impunidad para los genocidas del editorial de La Nación tiene, por sobre todo, una funcionalidad política de enorme actualidad: presionar por el reforzamiento de todo un esquema represivo. Empalma con el discurso sostenido por todos los partidos del régimen en este fin de campaña electoral. No hablamos solamente de los mal llamado “libertarios”. Bullrich, Espert, Berni y compañía, son abanderados de un planteo de reforzamiento del aparato represivo y de criminalización de la protesta social. El estruendoso silencio de las fuerzas kirchneristas ante la reciente sentencia a cárcel efectiva contra Cesar Arakaki y Daniel Ruiz -militantes que se movilizaron junto a 300 mil personas contra las reformas previsional y laboral el 14 y 18 de diciembre de 2017- representa una señal política de la misma calaña.

La Argentina enfrenta, una vez más, una extraordinaria crisis de deuda, una crisis cambiaria que anticipa una devaluación inminente y todo esto montado sobre una inflación del 50% y una crisis social sin precedentes. Junto a ello, los industriales y el FMI presionan por una reforma laboral y las empresas de servicios por una actualización de tarifas. En momentos donde se ciernen sobre el país muchos de los fantasmas que dieron lugar al “Rodrigazo” -aquel ajustazo que dio lugar a la huelga general de junio y julio del ’75 contra el gobierno de Isabel Perón- la burguesía, sus partidos y sus medios, intentan instalar con fuerza la necesidad de perseguir a los luchadores y de garantizar la impunidad para los represores y genocidas.

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