El 3 de febrero se informó del supuesto suicidio de Luis Alberto Santacruz, de 46 años, quien se habría ‘’ahorcado’’ con una cadena en la UCA (Unidad de Contención de Aprehendidos).

El Servicio Penitenciario de Córdoba fue protagonista de otra muerte en condiciones que demuestran un sistema carcelario y unas estructuras policiales y penales descompuestas, que violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas detenidas.

Santacruz había sido detenido el 31 de enero por supuesta tentativa de robo. El jueves 3 de febrero, su madre Cristina fue a la fiscalía a consultar por su situación y le dijeron que había tenido un intento de suicidio y lo llevaron al hospital Misericordia, donde habría ingresado con muerte cerebral.

“Yo quiero que el juez a cargo de esto investigue lo que pasó con mi hijo’’, relató Cristina a los medios locales. Cabe tener en cuenta que la madre de Santacruz también es mamá de Celeste Monte, quien fue víctima de un femicidio perpetrado por su pareja -un policía- de un disparo. Lo que hace más sospechoso el caso; se sabe que la Policía no escatima en represalias para las víctimas de su propio accionar. Véase, por ejemplo, los allanamientos y persecución a familiares de víctimas de gatillo fácil en Río Tercero.

Adriana Revol, militante anticarcelaria, dijo que ‘’este pibe fue ejecutado por el Estado. No utilizaron silla eléctrica, usaron una herramienta de tortura que explotan a diario, el camión de traslados… En diciembre, junto con mujeres de un pabellón de la cárcel de Bouwer, presentamos un habeas corpus, (pero) el juez de control todavía no aceptó el habeas. Uno de los puntos es que se revea el método de traslados. El Poder Judicial es ciego, sordo, y mudo’’.

En 2020, desde Prensa Obrera denunciamos la situación que se vivía en las cárceles de la provincia con motivo de la pandemia y de las condiciones insalubres en que se encuentran los internos. Esto se da en a pocos días de conmemorarse el cuarto aniversario del caso de Jonathan Centeno, quien había ingresado a prisión por resistencia a la autoridad y violación de domicilio. En uno de los días de mayor temperatura en la provincia, estaba siendo trasladado a Tribunales II. Tras varias horas en el camión de traslados, esposado de pies y manos, se descompensó. Al hospital llego sin vida.

No hay reinserción, no hay educación, no hay salud ni derechos para los detenidos en las cárceles de Córdoba y Argentina. Son un eslabón más de una política de clase, discriminatoria, asesina, por parte del gobierno, la policía y la justicia provincial. Son los mismos que defienden las políticas de ajuste a los trabajadores, a la educación y a la salud. Son quienes participan del narco, la trata, el crimen organizado. A las muertes se suman las vejaciones, apremios ilegales y abusos de autoridad que son moneda corriente en las prácticas policiales.

El Estado, el gobierno de Schiaretti, la justicia, la policía, el Servicio Penitenciario, son los responsables. Debemos organizarnos para que todos los responsables, materiales y políticos, paguen las consecuencias de las muertes y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las cárceles.

Es necesario un frente único de familiares y organizaciones para levantar un programa de salida ante esta situación crítica. ¡Basta de torturas, vejaciones y muertes en las cárceles! ¡Justicia para Luis, Jonathan y todas las víctimas del Sistema Penitenciario! ¡Elección y revocación popular de jueces y fiscales! ¡Desmantelamiento del aparato represivo del Estado! Solo el gobierno de los trabajadores podrá llevar a término este programa de transición.

Se acerca poco a poco una fecha clave para todos estos reclamos. Este 24 de marzo debemos realizar una masiva movilización independiente de los gobiernos de las últimas décadas, que mantienen a la burocracia represiva del Estado impune ante hechos aberrantes. Será justicia.

https://prensaobrera.com/politicas/fmi-tarifazos-permanentes-y-crisis-politica/