Mientras continúan los allanamientos a comedores populares y organizaciones populares y piqueteras, y se convoca a una nueva marcha pidiendo la libertad y desprocesamiento de los 4 manifestantes que permanecen detenidos hace un mes en cárceles federales por movilizarse contra la Ley Bases, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) publicó un nuevo informe sobre la criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina.

El mismo sostiene que, durante los últimos 6 meses, y en el marco de una fuerte avanzada represiva por parte del gobierno, 665 personas fueron heridas de distinta gravedad, sólo en CABA. 80 sufrieron detenciones arbitrarias en CABA, Córdoba y Rosario, 47 trabajadores de prensa sufrieron heridas en el marco de distintas represiones y más de 700 transportes públicos fueron requisados sólo durante la manifestación del 20/12/2023, un mecanismo que data de la propia dictadura militar.

Todo esto ocurre en el marco del protocolo antipiquetes, un esquema represivo aplicado por Patricia Bullrich desde la asunción de Milei cuyo único objetivo es terminar con la protesta social mediante la imposición del miedo y el amedrentamiento. Este fue estrenado el 20 de diciembre, contra la movilización organizada por el movimiento piquetero en el marco de un nuevo aniversario del 2001.

La manifestación quebró el protocolo a pesar de las amenazas de Bullrich, que incluían el slogan “el que corta no cobra”, extorsionando a los más pobres con quitarles su único ingreso si protestaban por la falta de alimentos a los comedores y por trabajo digno.

A partir de ese momento, el gobierno redobló la apuesta con el mismo objetivo: liquidar la protesta social. Comenzó entonces con una persecución judicial contra las organizaciones sociales y piqueteras, imputando a sus principales dirigentes con causas truchas. Al día de hoy continúan los allanamientos a comedores populares, domicilios de dirigentes y referentes del movimiento e incluso a locales partidarios, como el local central del Partido Obrero.

El protocolo represivo también se recrudeció, con gases lacrimógenos tóxicos, balas de goma en el rostro, golpes a los jubilados, y tuvo su mayor expresión el día donde se votó en el Senado la Ley Bases. Allí las fuerzas federales mandaron infiltrados a la movilización para justificar la brutal represión e incluso avanzaron con cacerías ilegales y arbitrarias de personas, privando de su libertad a 33 manifestantes, entre los que también se encontraban transeúntes y vendedores ambulantes. Los detenidos además denunciaron torturas y amenazas dentro de las comisarías.

El gobierno intentó imponerles a los manifestantes detenidos delitos gravísimos como “sedición” y “terrorismo”, un método utilizado por la dictadura militar y que va en consonancia con la política negacionista del gobierno. De las 33 personas aún hay 4 que se encuentran detenidos en cárceles federales, sin juicio, por lo que este viernes se movilizará nuevamente exigiendo su libertad y desprocesamiento.

El objetivo del gobierno es generar miedo, desmovilizar y atacar a quienes organizan a los trabajadores y a los más vulnerables para hacer pasar su programa antiobrero y antipopular. En este contexto es fundamental defender las libertades democráticas y el derecho a la protesta.

El 12 todos a Plaza de Mayo por la libertad de los presos políticos por luchar

Movilización y festival por la excarcelación y el desprocesamiento de quienes continúan detenidos por manifestarse contra la Ley Bases. –

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